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POR JUAN BORGES

AGENCIA PACO URONDO conversó con María del Carmen Verdú, dirigente de la Coordinadora Contra la Represión Institucional (CORREPI) sobre los proyectos presentados por el gobierno de Javier Milei que tratan los derechos civiles y democráticos de las y los ciudadanos de nuestro país. 

AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué opinión tiene del reciente DNU del gobierno de Javier Milei? 
María del Carmen Verdú: La CORREPI caracteriza las primeras medidas tomadas por el gobierno de LLA/PRO como la imposición de un Estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales.

APU: ¿En relación a las medidas represivas que implementó qué opinión tiene?
MCV: La resolución 943/2023 prohíbe el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, avanza en la criminalización de personas y persecución a las organizaciones populares, habilita el uso inmediato y directo de la fuerza y la detención de manifestantes y borra de un plumazo todos los estándares impuestos por la legislación nacional e internacional en la materia.

La resolución 947/2023, que establece la intervención conjunta de las fuerzas federales junto a las provinciales y de la Ciudad bajo el mando único de la Policía Federal y convoca a los gobiernos locales a integrar sus fuerzas al nuevo esquema de represión masiva, ratifica la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales y confirma su vocación represiva sin límites.

APU: En la nueva ley ómnibus se abre la posibilidad de cercenar el derecho a reunirse un grupo de personas ¿Qué mirada tiene al respecto?
MCV: Desde el punto de vista antirrepresivo, hay dos cuestiones centrales en la “ley ómnibus” de extrema gravedad. Por un lado, la confirmación de la ilegalización de movilizaciones, marchas o cualquier otro tipo de expresión popular de protesta. Por el otro, la consagración de la impunidad del gatillo fácil con la modificación del art. 34 del Código Penal.

APU: Se habla de obediencia debida en materia de operatividad policial. ¿Considera qué se deja vía libre al gatillo fácil con estas medidas?
MCV: La ley ómnibus reimplanta, por una parte, la obediencia debida como eximente de responsabilidad penal, lo que de adquirir vigencia cerraría las causas en trámites contra genocidas y represores de la dictadura.

Además, establece la no punibilidad de funcionarios de las FFSS (Fuerzas de seguridad) y hasta de civiles que maten personas para “impedir la huida”, es decir, desarmadas y por la espalda, y quita a los familiares de las víctimas el derecho a querellar penalmente para exigir justicia. 

Es la Doctrina Chocobar recargada y remasterizada al máximo. Si esa norma alcanza vigencia, será directamente imposible intentar una acción penal contra el funcionario público que, pese a no estar en peligro ni tener necesidad de defender a un tercero, mate a quien trata de huir sin afectar la vida ni la integridad física de otras personas.
La pretensión del gobierno de Milei y Bullrich es legitimar el gatillo fácil en todos los casos, aun cuando, como dice la pretensa norma, “no concurran los eximentes”, es decir, no haya legítima defensa ni legítimo cumplimento del deber.

Fuente : agenciapacourondo.com.ar