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La recesión está afectando a un número importante de pequeñas y medianas empresas, que reclaman al gobierno medidas para surfear la crisis. De acuerdo a un informe de la Came, la actividad de las pymes industriales cayó un 17,8% interanual en julio, y, comparándola con la de los primeros siete meses del año 2023, acumula una contracción del 18,6%.

El Índice de Producción Industrial Pyme dio cuenta de que en julio las pymes trabajaron con un 60,6% de su capacidad instalada y de que casi el 20% de las pequeñas y medianas empresas tuvo “dificultades para pagar salarios”. Algunas compañías incluso tienen una capacidad ociosa de aproximadamente el 80%. Las empresas textiles, alimenticias y de papelería e impresiones serían las más afectadas en este contexto.

Según la Enac, en los primeros seis meses de gobierno Milei cerraron alrededor de 10.000 pymes. El año 2024, de acuerdo a EPyCA y Marca Pyme, terminaría con 180 mil empleos formales privados menos y unas 10 mil empresas medianas y chicas cerradas más, sobre todo de la industria (ElDiarioAr, 25/8). Los empresarios pyme se quejan de que sus márgenes de rentabilidad se estrechan cada vez más.
En este marco, los empresarios pyme exigen medidas que mejoren su rentabilidad. En las reuniones con funcionarios del gobierno no encontraron eco en su pedido de beneficios impositivos o cláusulas para engancharse al Rigi, pero hubo un entendimiento en buscar avanzar en nuevos embates contra los trabajadores. Cuando todavía espera reglamentación la reforma laboral antiobrera contenida en la Ley Bases, quieren una más reaccionaria para barrer con más derechos laborales y reforzar la explotación de los trabajadores.

La Came quiere que a las empresas con Certificado MiPyme se les condone el total de las deudas por el no pago de aportes y contribuciones a la seguridad social; que los patrones que contraten o blanqueen trabajadores gocen de una reducción de sus contribuciones a la seguridad social del 50% en los primeros doce meses y del 25% en los doce meses siguientes –a esto quieren añadirle la liberación de multas y sanciones por incumplir la Ley de Contrato de Trabajo a aquellas empresas que regularicen la situación de un trabajador–; y que las patronales puedan contratar sistemas privados para cubrir indemnizaciones (Mundo Gremial, 20/8).

Los industriales pyme critican también la reglamentación del Rigi porque quedó prácticamente diluida la cláusula para que puedan engancharse como proveedores locales al régimen que beneficia al gran capital. Valiéndose de las facilidades cambiarias y aduaneras, las multinacionales van a comprar maquinaria e insumos del exterior. Más allá del desplante oficial, esto muestra que la burguesía nacional apenas anhela entrar a los negocios de los grandes pulpos capitalistas como socia menor. De ahí que CFK y el peronismo solo criticaran esa carencia de cláusulas de “compre nacional”.

La Came, además, pide al gobierno una mayor reducción de la carga fiscal –tributos nacionales, provinciales y tasas municipales. Pero esto choca con que los libertarios están empecinados en lograr el mentado déficit cero. Los empresarios pyme, defensores a ultranza del ajuste fiscal, se ven afectados por varias de las políticas económicas de Milei y Caputo, si sumamos también por ejemplo a aquellos ligados a la construcción.

En el fondo, la posición de estos estos empresarios los coloca frente a una encerrona. Es que si progresara la ofensiva contra los trabajadores para reducir aún más los salarios y se abaratan aún más las indemnizaciones –lo que redundaría en mayores despidos– es muy probable que el consumo siga cayendo. En el contexto de una huelga de inversiones de los capitalistas en casi todas las ramas, aparecería como perspectiva una mayor recesión.

A los patrones criollos –pymes o no– solo les interesa aumentar sus ganancias a costa de aumentar la explotación de los trabajadores. Por eso es en extremo reaccionaria la defensa que el peronismo y la burocracia sindical hacen de la “industria nacional” sacrificando para eso los reclamos obreros y la lucha por el salario y en defensa de los puestos de trabajo. Estos antagonismos de clase son irreconciliables.

Los trabajadores debemos salir a pelear por mejoras salariales, por la prohibición de los despidos, por el reparto de las horas de trabajo y por la expropiación bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida.

Fuente : prensaobrera.com