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Fue detenido en La Rioja, durante la madrugada del 22 de enero, y murió minutos después por golpes en la cabeza. Hay cuatro policías imputados y muchas irregularidades en la causa. Mantener viva su memoria es fundamental para que su asesinato no quede impune. Por Movimiento Etiopía para ANRed.

Hace cuatro meses, el 22 de enero, Alejandro Bravo, de 44 años (conocido en su barrio como “Caniska”) iba de la casa de un amigo hacia su casa, donde vivía con su pareja. A las 5:40 se lo ve en el video de una cámara de seguridad huyendo de alguien y pidiendo auxilio. A las 6:05 ingresó en la alcaldía, detenido por presunto intento de robo, y murió poco después en el hospital Vera Barros. La policía argumentó que se trató de un paro cardíaco. La autopsia aseguró que murió por golpes en la cabeza. Su familia y amigos no tienen dudas: lo mató la policía.

Los hechos sucedieron en el Barrio Nueva Esperanza, provincia de La Rioja. Hay cuatro policías imputados en la causa: Nicolás Ochoa, Matías Contreras, José Oviedo y Oscar Ríos (militar superior del regimiento 15). No solo el video en el que se lo ve pidiendo auxilio demuestra que no se trató de una detención por intento de robo: minutos antes, en el teléfono de Alejandro se registra una llamada al 911, evidentemente también para pedir auxilio.

El abogado de la familia de Alejandro, Sergio Gómez, explicó que “fue víctima de un robo, por ese motivo golpeó las puertas de varias viviendas pidiendo ayuda. Una de esas casas era la del policía Ochoa, que junto al militar Ríos comenzaron a perseguirlo. Posteriormente llamaron a la comisaría Séptima y se procedió a su detención”.

La autopsia, además de negar la muerte por infarto y confirmar que murió por golpes en la cabeza (“hemorragia cerebral subdural, causada por traumatismo de cráneo encefálico”), certificó que tenía “heridas defensivas” en las manos y raspones en las rodillas: además de golpearlo, lo arrastraron violentamente. Más irregularidades: ni su pareja Laura ni ningún familiar fueron avisados de su detención ni de su muerte. Se enteraron casualmente a través de una persona que trabajaba en la morgue.

“Los vecinos manifestaron que los efectivos lesionaron a Alejandro con una gran violencia –agrega el abogado–. Luego lo subieron al móvil y lo llevaron a la Alcaldía. En ese lapso, fue golpeado. En Alcaldía hay un espacio que no alcanza ninguna cámara, y Alejandro apareció en ese lugar agonizando”.

A cuatro meses de su asesinato, su familia y amigos difundieron un comunicado contundente: “Desde hace cuatro meses seguimos exigiendo justicia por Alejandro, que perdió su vida en manos de la policía. Hacemos hincapié en varias cosas: no se respetó lo dispuesto en las leyes de códigos contravencionales de la provincia, como avisar a la familia, ni siquiera después de que lo mataron a golpes; no se ingresaron los datos en Alcaldía cuando lo llevaron; el caso lo comenzó a investigar la misma policía, cuando según el Código Procesal Penal, la policía no puede investigar un caso si está involucrada; no se tomaron declaraciones de algunos testigos; y lo más importante, murió en manos de las fuerzas de seguridad, tan cuestionadas por sus procederes desde hace varios años en nuestra provincia. ¡A Alejandro lo mató la policía, queremos que se haga justicia! ¡Exigimos que los imputados, responsables y encubridores de su asesinato reciban sus condenas por homicidio simple agravado por ser fuerzas de seguridad!”.

Se pueden seguir las novedades del caso en Justicia por Alejandro Bravo aquí.

Fuente :

anred.org