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El gobernador descartó que el Estado provincial se haga cargo de la empresa, al responder sobre la situación de Vicentín que cerró  plantas en Avellaneda y Ricardone. Hay afectados 1.500 trabajadores en forma directa y 4 mil indirectos.

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo que “acompañará” a los trabajadores de la malograda aceitera con asistencia social. Pero dejó en claro que la Provincia no asumirá control o rescate alguno de la empresa.  

“Esto no es un Estado comunista, donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa”, sostuvo este lunes el mandatario, al ser consultado por la posibilidad de que la Provincia asuma algún tipo de control o rescate sobre la firma en crisis. Las declaraciones llegaron luego de que se conocieran novedades de la empresa, sobre las plantas Avellaneda y Ricardone. 
 

La Justicia dejó sin efecto el acuerdo que Vicentín había alcanzado con sus acreedores y reabrió el proceso de concurso preventivo.

Pullaro expresó su compromiso con los trabajadores y aseguró que el Estado santafesino no los dejará solos. “Vamos a estar al lado para que ninguna familia la pase mal o que realmente sufra”, afirmó. 

En ese sentido, recordó que la Provincia ya ha intervenido en otros momentos críticos, como ante los recortes de partidas alimentarias y de medicamentos dispuestos por el Gobierno nacional. Sin embargo, marcó un límite: “No se puede hacer el gobierno cargo de la empresa o de cada una de las empresas que quiebran”.

El mandatario atribuyó parte de la responsabilidad del actual panorama de incertidumbre a las decisiones políticas que, en su visión, distorsionaron el accionar de la Justicia: 

“Recordemos que desde la Provincia en un momento se intentó intervenir la empresa y desde el Gobierno nacional se la intentó expropiar. Un trámite judicial que debería estar resuelto hace tres años y medio, hoy sigue trabado por las intromisiones del poder político”, marcó.

Luego de cerrar sus plantas Vicentin afirmó en un comunicado interno que su decisión de suspender la actividad en sus fábricas de aceite y harina de soja tuvo un “impacto directo” en su capacidad de pago de los salarios de marzo, lo que afecta a unos 1.500 empleados en forma directa y otros 4 mil en forma indirecta, según del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento de San Lorenzo.

El directorio de la compañía agroindustrial Vicentin confirmó este viernes pasado el cierre de sus plantas por la caída de contratos. La medida se conoce en medio del proceso judicial contra cuatro de sus exdirectivos acusados de asociación ilícita, para quienes se dictó prisión preventiva por 120 días.

Fuente : redaccionrosario.com