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A mediados del siglo pasado el sistema era público e integrado, el Estado nacional disponía el 73 % de las camas de internación. Hoy, el 58 % de los establecimientos son empresas privadas, el 85 % del gasto en salud recae en provincias y municipios, y los trabajadores están super explotados. Por El Megáfono.

Oleada tras oleada del COVID-19, el sistema de salud se fue convirtiendo en la caja de resonancia de los problemas estructurales de la sociedad. Ya sea por la capacidad efectiva de atención de la población, por la disposición de los recursos, por la utilización de la actividad como un nicho lucrativo, concentrado y centralizado y, en ese marco, por la remuneración de los trabajadores del sector.

La cantidad de camas de internación disponibles en todo el país es de 4,4 por cada mil habitantes. Aunque Argentina está mejor que Brasil y Chile, que apenas superan las 2 camas, no alcanza el 4,7 establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-mico (OCDE) y queda lejos de las 8 a 10 camas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero el promedio nacional oculta la desigualdad real ya que solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanza el estándar de la OMS (con 9,4) y solo las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba se arriman al de la OCDE. Todos estos datos aparecen en un informe de la Fundación Mediterránea publicado en mayo de 2020.

El Ministerio de Salud de la Nación tiene registrado que, en 2017, el 75 % de esas camas estaban localizadas en la región Centro, donde vive el 62% de la población, según el último censo de 2010. El NOA dispone del 10%, el NEA 7%, Cuyo y la Región Sur tienen cada una el 5% del total.

La Argentina tiene, además, 3,9 médicos por cada mil habitantes y se ubica a medio camino en el ranking liderado por Cuba con 8,2. Pero, otra vez, con un 13,2 CABA triplica la media nacional y provincias como Santiago del Estero, Misiones, Formosa y Chaco, apenas cuentan con 2 médicos cada mil habitantes.

La estructura de hoy

El 55,7 % de la población tiene cobertura sanitaria por medio de la Sistema de Seguridad Social que involucra Obras Sociales, nacionales y provinciales, y PAMI. Un 12,4 % paga por un servicio privado y el restante 31,8 % recurre a los efectores públicos.

En el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), del Ministerio de Salud de la Nación, hay registrados 26.795 establecimientos sanitarios. El 58% (15.441) son empresas privadas, 6.254 son de los Estados provinciales (23,34%), 4.145 de los municipios (15,47%) y solo 153 (0,57%) pertenecen al Estado nacional. De estos últimos, solo 6 tienen internación general y la mayoría (111) son centros complementarios de salud.

El 72,2% del total de establecimientos son centros de Diagnóstico y Tratamiento sin internación, una actividad de alta inversión en aparatología que, en su mayoría (51,8%), son de propiedad privada.

Solo el 12,5% del total son establecimientos con internación, sea general o especializada. El 48% de éstos es de propiedad privada y el 1% pertenece a alguna obra social.

La estructura de ayer

Pero esta historia no siempre fue así. Entre 1945 a 1947 el presupuesto nacional de salud aumentó 184% y la planta de personal pasó de 7.800 trabajadores a 22.000. La salud se convirtió en Ministerio, dirigido por el emblemático médico sanitarista Ramón Carrillo.

El golpe cívico-militar de 1955 destierra a Juan Domingo Perón e instaura de facto el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu que, acatando las directivas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  y en el marco del Plan Prebisch, transfiere 272 hospitales nacionales a las provincias (decretos 1.371 y 1.156).

En 1966, la ley 17.102 sancionada de facto por Juan Carlos Onganía, dio lugar a que los recursos de los “Servicios de Atención Médica Integral” ya no provengan exclusiva y obligatoriamente del Estado nacional, sino también de las provincias, los municipios y de subsidios de entidades públicas, privadas u organismos internacionales.

En 1954 el Estado contaba con 114.315 camas de internación, que representaban el 85% del total, mientras que el sector privado disponía de 16.903 (12,6%). Quince años después, la participación relativa fluctuó pero, además, la capacidad del sector público empeoró en términos absolutos: se achicó a 97.688 camas (73% del total) mientras que en el sector privado se duplicó a 31.182 camas (23,3 %).

Despliegue neo-liberal

Entre 1973 y 1974, el ministro de Salud Domingo Liotta impulsó la Ley 21.902 para intentar reponer un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). La ley se aprobó, algunos sectores del movimiento obrero se opusieron a ella, solo alcanzó a implementarse en 4  provincias (Formosa, Chaco, La Rioja y San Luis) y finalmente, en noviembre de 1978, fue derogada por la Junta Militar.

La dictadura de 1976 y el gobierno elegido por el voto popular en 1990 generaron un mismo desenlace.  Igual que en otros sectores como energía, educación e industria militar, al calor del desguace del Estado, el mercado se hizo cargo de la salud. Fueron los años de imposición del capital transnacional y de expansión neo-liberal, cuando las actividades esencialmente públicas fueron “descubiertas” como nuevos nichos de mercado.

Con el decreto-ley 21.883 firmado en 1978 por Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz, fueron transferidos 65 hospitales nacionales y se fijaron aranceles en servicios asistenciales públicos.

La tendencia seguía su curso. De 1969 a 1980, las camas de internación del Estado bajaron de 97.688 (73 %) a 96.191 (64,1 %), y las del sector privado pasaron de 30.182 (23,3%) a 47.018 camas (31,4 %).

Lo mismo refleja la disponibilidad de equipos de alta complejidad. En 1985, el 93% de los tomógrafos computados estaban en las empresas privadas y solo el 6,7% pertenecía al Estado.

Entre 1991 y 1992, el mandato del presidente Carlos Saúl Menem y del Congreso Nacional fue transferir 30 hospitales nacionales: 23 a CABA, 5 a Entre Ríos y 4 a Buenos Aires.

El Estado que desguaza las estructuras públicas que garantizan derechos no es un invento nacional. En el Reino Unido, el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher impulsó recortes en el sistema público, esquemas autónomos y descentralizados, tercerización de servicios como limpieza, lavandería, conserjería y financiamiento mediante fideicomisos integrados hasta por los propios médicos. Todo bajo los lineamientos del documento Working for Patients (Trabajando para los Pacientes) de 1989.

La fragmentación de los sistemas integrados para recortar gastos y privatizar, fue el modelo impuesto a nivel mundial en todos los servicios públicos.

En aquella Argentina de 1994 y 2002, bajaron los puestos de trabajo del sector productor de bienes y subieron fuertemente en los servicios. Sobre todo en estos nuevos nichos de mercado: empresas proveedoras de gas, agua y luz, salud y educación privados. Los datos corresponden a la Secretaría de Seguridad Social de la Nación y fueron publicados en agosto de 2003 en la revista «Herramientas» de la CGT Río Cuarto.

Nuevos actores

En los 90, Argentina desdobla el sistema de coberturas (obras sociales, sistema público) e irrumpen las empresas de Medicina Prepaga (MP) ofreciendo paquetes con períodos de carencia, sin contemplar patologías preexistentes y con topes de consumos anuales.

Entre 1981 y 1997 se crearon 152 de las 212 empresas MP contabilizadas al finalizar la década. En esos 20 años los capitales trasnacionales se expanden e ingresan al rubro salud, primero, y luego centralizan la actividad mediante procesos de fusión.

En 1995, el fondo de inversión Exxel adquirió Galeno, Life y Time. HSBC -de origen inglés- adquirió Doctos en 1997. En el mismo año, Swiss Medical se quedó con CIM, Salud, Diaqnos y Optar. En 1999, Aetna -de origen norteamericano-, se quedó con AMSA. Estos son solo algunos casos emblemáticos de lo que aconteció en toda la estructura.

En la actualidad, el 58 % de las empresas de MP tienen base en CABA y en la actualidad las tres primeras (Osde, Swiss Medical y Galeno) concentran el 62,5% de las cápitas: 3,95 millones del total de 6,32 millones de personas compran ese tipo de servicio.

Estos nuevos actores privados surgieron imponiendo el modelo de gestión y las políticas de reformas del sistema de salud, que fueron ejecutados con Menem en el gobierno y con créditos de organismos internacionales para invertir y consolidar la situación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió la construcción de 11 hospitales y 40 centros de salud, entre 1985 y 1996. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) prestó fondos para convertir 15 hospitales ya provincializados (5 en CABA, 5 en Buenos Aires y 5 en Mendoza) en Hospitales Públicos de Autogestión (HPA). La restructuración queda a la vista. De 1980 a 2012, el gasto público en Salud fue absorbido en un 70% por las provincias, 15,2 % por los municipios y 14,5% por el Estado nacional, según datos de una investigación de 2014 realizada por el economista Oscar Centrágolo.

Y de 2012 a diciembre de 2019, a las empresas privadas se le aprobaron 35 aumentos del precio del servicio prepago que, así, acumuló una suba de 943%.

Los trabajadores de la salud, aun frente al fuego de la pandemia, andan en multiempleos y en paros y protestas para intentar cubrir sus necesidades básicas.

En marzo pasado, la Canasta Básica Total para un grupo familiar de 4 personas costó 60.874 pesos. El acuerdo salarial de abril pasado, entre la Federación Argentina de Trabajadores de Sanidad (FATSA)  y los sanatorios privados, dejó el básico de un enfermero en 55.974 pesos. En la provincia de Córdoba, el básico de un médico de hospital público oscila entre 34.000 y 39.000 pesos.

Fuente :

anred.org