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"Están implicados los empresarios que manejan el país", sostuvo Mazzoni.

Durante la jornada de “Trata Infantil: ¿Qué hay detrás de la desaparición de niños?” que se realizó en el Senado, una declaración llamó la atención de todo el país. Roberto Mazzoni denunció públicamente que, años atrás, fue víctima de “la red de trata más grande de Argentina” y aseguró que Alejandro Roemmers, dueño del laboratorio Roemmers, y Matías Barreiro, directivo del club River Plate y dueño del sanatorio Colegiales, estarían implicados.

“Acá no hay ninguna hipótesis, tengo demostrado cómo capta, qué preferencias tiene, blanquitos, chiquitos y lampiños; cómo paga comisiones para las presentaciones de menores de edad, otras para mayores de edad. Lo mismo otro chico, Matías Barrero”, detalló. Y agregó: Rommers lleva “a distintos chicos de diferentes edades a su casa y los expone sin remera para otros empresarios, también mencionados en el expediente. Son empresarios de la misma talla, son los que manejan el país”.

Mazzoni también denunció que la causa fue cajoneada por el juez Ariel Lijo, íntimo amigo de Milei, juez sobre el que además recaen las causas por corrupción donde están implicados los funcionarios del gobierno y candidato del presidente para integrar la Corte Suprema. “Soy víctima de una red de trata, la causa está en el juzgado del doctor Ariel Lijo, el fiscal es Ramiro González. Me humilló, me trató mal y me hizo pasar los peores momentos; el mismo infierno que yo venía a denunciar”, sostuvo. Según Mazzoni, incluso, la secretaria del juzgado, Paola Cohen, le dijo que Roemmers se había presentado en la causa con un DNI falso”.

También denunció el cerco mediático que dichos empresarios armaron en los medios de comunicación para que la denuncia no tuviera mayor alcance. “Me llaman de América, Rolando Graña, y pasamos meses reunidos con Rolando Graña y mis abogados. Filman en mi casa, a mí y a otra de las víctimas, tenía que salir en un programa que se llama GPS. Y le venden las notas al señor Roemmers”, exclamó. 

Este caso es una muestra más de que las redes de trata en Argentina conforman un enorme negocio para los capitalistas, y que proliferan al amparo del Estado que es quien les garantiza la impunidad. Este entramado, que involucra a varios segmentos de la población, representa una fuente de ganancias para una minoría social.

La explotación sexual de menores es un negocio rentable. En él siempre están involucrados bancos, empresarios, y gobiernos. En Argentina, las leyes de blanqueo que han impulsado los gobiernos capitalistas de las últimas décadas (desde Alfonsín, pasando por Cristina Kirchner y Macri, hasta Alberto Fernández) han servido para legalizar el dinero proveniente de estas actividades barbáricas.

El gobierno de Milei ahora profundiza este tipo de medidas en beneficio del blanqueo de dinero provenientes de negocios espurios con la Ley Bases, y promueve un reforzamiento represivo que le otorga un mayor poder a la policía, que es la institución que garantiza la operatoria de estas redes. A esto se suma la complicidad del engranaje político, como es el caso de los jueces o los funcionarios implicados, lo que le otorga vía libre al negocio.

En paralelo, mientras las redes de trata de menores funcionan a plena luz del día, el Ejecutivo presenta proyectos para modificar el código penal y la jurisprudencia vigente para descargar todo el peso del punitivismo, no contra los peces gordos del delito organizado, sino sobre quienes protestan y luchan contra el hambre. No les importa terminar con este tipo de negocios espurios, porque el objetivo es preservar las ganancias de los capitalistas, que se financian con estas operaciones.

Todo esto es lo que quedó demostrado en 2019 con el caso de Natacha Jaitt, quien apareció muerta luego de denunciar la red de pedofilia más grande de Argentina, la cual operaba dentro del club Independiente en complicidad con grandes empresarios y funcionarios del Estado; Marcelo Corazza, exparticipante de Gran hermano, fue detenido por integrar una red de trata de menores de la también formaban parte empresarios hoteleros; Daniel Zisuela, exconcejal de Florencio Varela y burócrata sindical del gremio gastronómico, fue condenado a trece años de prisión por regentear una red de trata amparada durante décadas por el aparato del Partido Justicialista, el Poder Judicial y la Policía Bonaerense; otro exponente del asunto es el caso Loan, el cual desnudó el funcionamiento del crimen organizado en Corrientes, puntualmente de una red de trata de menores, en la cual está involucrada la cúpula policial y funcionarios públicos de la provincia, y el conteo puede seguir.

En su testimonio, Mazzoni también agregó el rol importante que cumplen en estas operatorias las instituciones religiosas, y recordó que Roemmers expresa en sus redes sociales que es vocero del Papa Francisco. Es sabido que la iglesia constituye una de las principales fuentes de casos de pedofilia y abusos a menores, son incontables la cantidad de curas y clérigos denunciados por este tipo de crímenes, pero son amparados por la propia Iglesia y el Estado.

Los medios de comunicación también están puestos al servicio de estos negocios porque, en su mayoría, responden al poder de turno. Es lo que quedó demostrado también con el caso Loan, donde una fuerte operación mediática acompañó el apoyo de Bullrich a las versiones falsas para desviar la investigación.

La explotación sexual de los menores es un aspecto del capitalismo, un régimen social basado en la desposesión y la miseria de la mayoría de la población. El crecimiento de la explotación sexual de las infancias ha venido de la mano del aumento de otras formas de explotación, como el trabajo forzoso. Se trata de un sistema que, además, se ensaña contra los más débiles, como lo son los menores.

Que haya tantas redes (y personas involucradas en ellas), y que funcionen durante tanto tiempo, solo puede ocurrir con la connivencia del Estado. Los capitalistas y sus representantes políticos (peronistas, macristas, radicales, etcétera) son responsables y cómplices de todo esto. Por eso, la lucha contra las redes de trata debe realizarse de manera independiente de todos los gobiernos.
 

Fuente : prensaobrera.com