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Milei le propinó a la sociedad un golpe desregulatorio que no tiene antecedentes desde la última dictadura. Los vaivenes del tratamiento de la Ley Ómnibus mostraron rasgos circenses y los límites reales de un modelo hambreador y deshumanizante.

La última semana de enero exhibió ribetes que sólo pueden explicarse al recordar que el principal despacho de la Casa Rosada lo ocupa Javier Milei, un señor más conocido por sus intervenciones como panelista en programas “políticos” televisivos, ex actor humorístico de Nito Artaza, imitador de Leonardo Favio e intérprete de Tik Tok en producciones de Lilia Lemoine, que por sus condiciones como economista o político.

Un 55 por ciento de la sociedad argentina decidió sentar en el sillón de Rivadavia a un showman que en más de una oportunidad dejó a la vista, al aire, en vivo, su condición violenta, preocupantes perturbaciones y un grado de dogmatismo ideológico rayano con el desquicio de algunos fanáticos religiosos.

Todo ese combo se expresó a lo largo de todo el tratamiento de la llamada Ley Ómnibus, con idas y vueltas que superan el absurdo de los más desopilantes capítulos de series como El Súper Agente 86, Los Locos Addams o, más recientemente, las peripecias de Los Simpson, algo que en las redes una infinidad de usuarios se ha encargado de explotar hasta el hartazgo.

Por detrás de ese aspecto algo cómico del panorama político nacional asoma el aterrador estilo de gestión de alguien a quien le son por completo ajenas la discusión y la negociación, desestima por completo el rol del Congreso, e incluso interviene en términos de ruptura cuando sus propias espadas avanzan en algún tipo de entendimiento con aquella “oposición” que le quiere hacer la vida más fácil al gobierno.

Las desautorizaciones de Milei al ministro del Interior, Guillermo Francos, y a otros colaboradores que habían alcanzado cierto nivel de acuerdo con legisladores y gobernadores “opoficialistas” hablan del grado de desorganización interno de la gestión libertaria al dejar en orsai a los propios, pero también de la actitud ramplona de parlamentarios o jefes de Estado provinciales que no fueron votados para acordar cueste lo que cueste con un gobierno que muestra marcados signos de crueldad y desprecio hacia las grandes mayorías y que encima amenaza con ahogarlos.

“Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”. Con esa frase más propia de un mafioso apretador, el presidente acometió contra los gobernadores que osaron plantear divergencias con la Ley Ómnibus enviada al Congreso.

Ilustración: Facundo Vitiello

Sin embargo, la reacción a esa extorsión oficial no fue una generalizada indignación. Por ejemplo, el gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, no sólo acordó con la administración central que sus legisladores brinden quórum para la sesión del miércoles y voten a favor el proyecto de Ley, sino que defendió su apoyo a Milei en el Congreso, rompió con el bloque de Unión por la Patria (UP) y declaró: “No estamos apretados por nadie”.

Los gobernadores y legisladores radicales y los del PRO, se sabe, se autoperciben inmunes a todo tipo de humillación y acusaciones, y sus flamígeros discursos en el recinto contra las privatizaciones, facultades delegadas y otros de los artículos incluidos en la Ley Ómnibus fueron sólo eso, porque finalmente terminarán votando a favor en general y acompañando la mayoría del contenido del proyecto que lleva la firma de Milei pero fue redactado en las sombras por poderosas corporaciones.

El pedido de cuarto intermedio por 12 horas mostró la gravedad de los hechos. La Cámara se encontraba sesionando sin que el oficialismo pudiera poner sobre la banca de cada representante el dictamen definitivo y, avanzada la reunión, aún se seguían negociando qué artículos sacar o mantener para obtener los votos de los aliados de La Libertad Avanza.

La falta de un dictamen ya había motivado el pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para que la iniciativa volviera a comisiones, lo que fue rechazado por el oficialismo y sus aliados, y derivó en la inédita situación de seguir debatiendo un proyecto de ley cuyo contenido nadie conocía en su totalidad.

En el debate que comenzó el miércoles –y al cierre de esta edición continúa– estaban sentados en sus bancas legisladores que fueron acusados por Milei de “coimeros”, de integrar “bloques extorsivos”. Una nube de sospechas sobrevuela el Congreso a partir de las excentricidades de un presidente que nunca estuvo preparado para formar gobierno ni para administrar otra cosa que sus redes.

El co secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, en una entrevista con El Destape radio, fue muy claro: “Esperemos que no se repita una nueva Banelco, porque se van a arrepentir con el daño que –se verá con el tiempo– ha causado”. Y advirtió que “está en riesgo la soberanía nacional; la reforma laboral la escribió Paolo Rocca y ahora está suspendida por la Justicia. Hay muchos negociados y hay proyectos que ni siquiera los diputados saben de qué se tratan”.

El jueves, Roberto Navarro, en su programa matutino, deslizó la sospecha de que en ese mismo momento, mientras transcurría el cuarto intermedio, se estaba ofreciendo coimas a diputados, e incluso el periodista Ari Lijalad sostuvo que se estaba hablando de un presunto articulado que garantizaría “concesiones de por vida” a grandes corporaciones.

En ese sentido, cabe recordar algo que tomó estado público: en el dictamen de comisión negociado en el ya famoso departamento de Recoleta, “se restableció la posibilidad de que las petroleras puedan pedir prórrogas sobre las concesiones vigentes… y se precisó que cuando soliciten la reconversión de sus áreas convencionales en no convencionales, el plazo de concesión de 35 años –correspondiente a un área no convencional– comenzará a regir a partir de la fecha de la solicitud del pedido y no desde el momento en que se otorgó la concesión original”.

Las iniquidades que pudieron verse en vivo y en directo este miércoles 31 de enero en el recinto de la Cámara baja fueron innumerables, pero sobresalió la presencia en las barras de Leonardo Sosa, miembro de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Junto a Jonathan Morel, está procesado por haber amenazado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes. Sosa estuvo presente en el Congreso durante el debate de la Ley Ómnibus porque fue invitado por la diputada Lilia Lemoine, del bloque de La Libertad Avanza.

En los juicios que se muestran en las películas norteamericanas es frecuente escuchar: “No más preguntas, Sr. juez”.

Lo que está en juego con la mega desregulación

El lunes 29 de enero la Argentina se despertó con una medida del gobierno de Javier Milei que mostró el nivel de crueldad con que se mueve la administración libertaria. La Secretaría de Comercio derogó 69 resoluciones y disposiciones que ponen patas para arriba las regulaciones que, mal o bien, aplicadas o no tanto, ponían un límite a la angurria corporativa empresarial.

El shock desregulatorio es el más violento desde la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz durante los primeros años de la última dictadura cívico militar y la excusa que dio la Secretaría de Comercio muestra un nivel de cinismo inédito. El organismo a cargo de Pablo Lavigne sostuvo que la derogación permitirá contar con un “comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente”.

En ese sentido, la diputada nacional Julia Strada destacó cuáles son algunas de las consecuencias del tsunami que dejó sin efecto resoluciones regulatorias del comercio interior. En principio, señaló que “se autoriza a supermercados y otros a cobrar lo que quieran y ni siquiera informar”, y desglosó: “Supermercados: ni precios ni productos en góndola. Prepagas ya no informan. Establecimientos educativos ya no informan”.

La legisladora peronista indicó que se trata de “una autorización implícita a la trampa y al engaño”. Y agregó: “Ya no se pueden tomar decisiones de política pública frente a cualquier arbitrariedad; ya ni siquiera quedará registrada la información”.

Foto: Télam

Strada amplió su denuncia respecto del shock desregulatorio señalando que “las empresas tampoco deben informar de insumos intermedios e industriales (oligopolios)”, al tiempo que recordó que “las regulaciones de 2014 establecían que las productoras de insumos y bienes finales y empresas distribuidoras de insumos y bienes finales deben ingresar información al sistema informático del Régimen Informativo de Precios (Sirip)”.

En otro orden, el capítulo bancario mereció otra advertencia de la diputada rosarina: “Los bancos pueden cobrar lo que quieran y ya ni siquiera informar sobre la tasa de financiamiento; tasa de interés punitorio; el Costo Financiero Total (CFT) ni la tasa de (los créditos) prendarios. Sólo queda la información que proveen al BCRA.

En otro ítem que involucra a los supermercados, Strada subrayó que “los autorizan a engañar al cliente: terminan con el Sifere (el Sistema Federal de Recaudación, una aplicación que los contribuyentes del Convenio Multilateral utilizan para liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos)”.

Strada, en este punto, ironizó: “Qué curioso, el autor de los mercados de competencia perfecta, (Alfred) Marshall, decía que el modelo funcionaba con información transparente”.

La economista, cofundadora del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), también observó que con la mega desregulación “condenan a la producción nacional y pyme, porque eliminan la regulación 926/2021 que determinaba exhibir productos de pymes y producción nacional”.

Por último, Strada puntualizó que las derogaciones de Comercio implicaron “un respaldo a Clarín”, puesto que “se elimina la resolución 4/2012”; esa normativa “implicaba que la Secretaría de Comercio podía fiscalizar a una empresa monopólica como Papel Prensa, para evitar las arbitrariedades”.

La legisladora, con escepticismo, cerró así: “No hay más información, no hay más control. Nadie puede defender (a la ciudadanía) de los abusos”.

Otra victoria de la CGT, otras derrotas de Milei

El martes, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo terminó de dar un mazazo a la tentativa de Milei de desarticular de un solo golpe décadas de conquistas obreras, al resolver el planteo de la CGT en contra de la reforma laboral incluida en el mega DNU, declarando su inconstitucionalidad.

De ese modo, la Justicia resolvió la cuestión de fondo, avalando la posición de la central obrera, al declarar la invalidez del capítulo 4 del DNU firmado en diciembre pasado por el Presidente. Los artículos que fueron declarados inválidos por la Cámara del Trabajo son el 73, 79, 86, 87, 88 y 97.

Los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera consideraron que este tipo de reformas debe ser analizado y debatido en el Congreso de la Nación, rechazando la apelación que había llevado adelante el Ejecutivo para mantener en vigencia el decreto en su capítulo laboral.

Los argumentos que expusieron los magistrados en el fallo son lapidarios: “La admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad”. Y acto seguido indican que ello se da cuando “la norma no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos, y que exista un estado de necesidad y urgencia”.

La Cámara del Trabajo le recordó a Milei que no puede ejercer facultades legislativas y que sólo puede hacerlo en caso de que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores estén imposibilitadas de reunirse para la sanción de leyes “por razones de fuerza mayor que lo impidan o que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes”. Y rematan: “Esas circunstancias excepcionales no se observan verificadas en el caso”.

El Gobierno seguramente apelará a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que ya tiene otros recursos de amparo pendientes para tratar desde el mismo 1º de febrero, fecha en que se retomó la actividad judicial tras la feria de enero.

Foto: Jorge Contrera | El Eslabón/Redacción Rosario

Como ya se dijo en este medio, la CGT y el resto de las centrales sindicales fueron la punta de lanza del rechazo al programa de desarme de derechos laborales, incluso frente a opiniones de dirigentes muy encumbrados del peronismo que consideraban que el paro y la marcha podían resultar “apresurados” y que hubiese sido más prudente esperar a que madurara el descontento social. La central obrera siguió adelante, y a la luz del éxito de la movilización muchas opiniones cambiaron en el seno de la oposición peronista.

Una vez más, el movimiento obrero organizado lidera el enfrentamiento a modelos que quieren hacer retroceder a tiempos pre peronistas no sólo a trabajadoras y trabajadores sino al modelo de producción con justicia social que involucra a empresarios nacionales, el sector de ciencia y tecnología, todos los actores el mercado interno, dejando librados a la voluntad del “mercado” el comercio exterior, la posesión de la tierra, la explotación de los recursos naturales, la educación y la salud de argentinas y argentinos.

Todo ello viene a cuento porque es evidente que, como siempre, la salida de esta coyuntura –de este modelo que no debiera tener otro destino que el fracaso– estará en manos del peronismo. Pero ¿qué peronismo puede encarar esta encrucijada?

En 1951, el general Juan Perón, en su obra Conducción Política, expresó: “Un partido político cuyos dirigentes no estén dotados de una profunda moral, que no estén persuadidos de que ésta es una función de sacrificio y no una ganga, que no esté armado de la suficiente abnegación, que no sea un hombre humilde y trabajador, que no se crea nunca más de lo que es ni menos de lo que debe ser en su función, ese partido está destinado a morir, a corto o a largo plazo, tan pronto trascienda que los hombres que lo conducen y dirigen no tienen condiciones morales suficientes para hacerlo”.

El líder del principal movimiento político de la historia argentina agregó: “Los partidos políticos mueren así, porque ya he dicho muchas veces que los pescados y las instituciones se descomponen primero por la cabeza. El día que nos descompusiéramos nosotros no tardaría mucho en descomponerse todo el movimiento, disolverse y dispersarse”.

Y en 1955, tras el golpe criminal perpetrado por Pedro Aramburu e Isaac Rojas para entronizar a Eduardo Lonardi, Perón sentenció: “Nuestros enemigos no nos han derrocado y mucho menos derrotado, sino que hemos caído víctimas de nuestras debilidades internas. O con mayor rigor, de nuestras defecciones, de nuestro aburguesamiento. Yo vi claro que debíamos reconstruir el movimiento pero con otra tónica, con otra moral”.

Quienes tengan el coraje de asumir la etapa que inexorablemente se avecina, deberán recurrir menos a la doctrina excluyente y a las ortodoxias que alejan a las grandes mayorías que al abrazo amoroso con que el primer peronismo supo contener a los caídos de un sistema que los aborrece.

Un debate abierto

En 1976, José Alfredo Martínez de Hoz llegó de la mano de la dictadura para establecer las reglas de la nueva oligarquía, que ya no era vacuna sino agroexportadora y financiera.

No vino a achicar el Estado, aunque lo pregonara. La oligarquía nunca quiso un Estado chico, quiso un Estado para ella.

Fue una derrota del modelo inaugurado en 1945, de la cual el peronismo nunca se recuperó del todo, así como nunca pudo salir del duelo tras la muerte de Perón.

Quienes achacan los desmadres electorales del peronismo a las experiencias de los últimos 20 años olvidan, por interés político o por falta de ejercicio histórico, que desde 1983 a esta parte nuestras ofertas electorales –nominales y programáticas– fueron: Ítalo Luder; Carlos Menem; Eduardo Duhalde; Néstor Kirchner; Cristina Fernández; Daniel Scioli; Alberto Fernández y Sergio Massa.

Quienes sostienen que la responsabilidad de la falta de organización popular, acompañamiento de la militancia y la consecuente carencia de acumulación de poder en la que incurrió el peronismo tiene su explicación en el olvido de las bases por parte de La Cámpora y los movimientos sociales de origen peronista omiten que los únicos golpes de timón que dio el justicialismo en estos 40 años de democracia luego de ser derrotado por primera vez en las urnas fueron la Renovación (Antonio Cafiero, José Luis Manzano, Menem, Carlos Grosso y José De la Sota, entre otros), el menemismo y el kirchnerismo. Sería muy interesante sacar algunas conclusiones al respecto.

La caracterización de la Década Menemista en términos casi exclusivamente económicos y financieros le impidió al peronismo decodificar los cambios políticos al interior de su seno, en términos de formación –o deformación– de sus cuadros, concepción de la política de masas, relación con el movimiento obrero organizado, y abordaje del nuevo fenómeno de la desocupación, con la creación de movimientos que nacieron para paliar esa crisis pero, voluntariamente o no, la institucionalizaron.

La descripción del período kirchnerista en términos casi exclusivamente económicos –nivel de salarios, nivel de consumo, recuperación de empleo genuino– impide desglosar las carencias en torno del mito de Sísifo del peronismo histórico: la restricción externa que sobreviene luego de cada ciclo virtuoso de crecimiento con inclusión social. Esa tarea está pendiente.

Si, nuevamente, se dejara de tomar nota de estos y tantos otros elementos que han atravesado al peronismo en estas cuatro décadas de democracia, será muy difícil reconstruir el movimiento nacional, que surja un liderazgo con capacidad de conducción del mismo y con un programa que pueda derrotar las variantes más furiosas que plantea la clase dominante a la comunidad.

Tal vez se necesita más peronismo, volver al peronismo que abraza y contiene. Ese debate está abierto.

Fuente : redaccionrosario.com