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La Asociación Civil Foro Reconquista Alcemos la Voz reclamó a “las autoridades que corresponda” que sea escuchada la voz de una nena de 10 años, respeten su palabra y “se garantice el cumplimiento de los principios jurídicos del interés superior de la niña y su condición de sujeto de derecho”.

“El 28 de febrero será un día clave para la vida” de esta nena -su identidad se preserva- ya que en esa jornada, afirman desde la asociación, “el Poder Judicial dará cuenta si la voz de la niña es escuchada o persiste en silenciarla”.

A través de un comunicado de prensa, el Foro Reconquista Alcemos la Voz detalla las razones de esta demanda a favor del derecho de la niña. “Hace un año, (la nena) de 9 años es arrancada de su hogar en la ciudad de Reconquista por decisión del Juez Fabián Lorenzini. El traslado hacia la localidad de Roldán, donde reside su progenitor, se produjo de forma compulsiva y contra la voluntad de la niña, sin que mediara previa preparación ni posibilidad de despedirse de su mamá”, repasan y expresan con preocupación: “Así, en un instante, la niña perdió su centro de vida habitual, construido desde los inicios de su vida, para ser llevada a un lugar distante y sin referentes cercanos. A un borrón y cuenta nueva, como si eso fuera posible en la vida de una persona”.

Señalan que esta resolución “era de carácter provisorio y por 90 días, sin embargo, desde aquel 11 de marzo” la niña “no es escuchada y vive en estado de angustia por decisiones judiciales que sólo pretenden mantenerla lejos de su lugar de pertenencia, separada de su mamá, para obligarla a una vinculación forzada con su progenitor”.

Desde la asociación civil que trabaja por los derechos de las mujeres, diversidades sexuales y las infancias, resaltan que una vez “impuesto el cambio de vida, el juez abandonó a la niña en el desamparo, pues no garantizó ningún sistema de monitoreo sistemático, evidenciando a todas luces la desidia ante la falta de seguimiento como de acompañamiento, imperiosos para una niña forzada a afrontar radicales cambios y en un sitio desconocido, rodeada de personas extrañas para ella”.

Advierten que “si bien en principio se había ordenado un seguimiento interdisciplinario de la medida, el Equipo de la Localidad de Roldán visitó sólo una vez a la niña en su paradero (un mes después del traslado e instancias de gestiones de esta Asociación, no por inquietud alguna judicial) y pudo supervisar los primeros encuentros madre-hija dando cuenta del vínculo fluido, de cariño y amoroso al Juez, quien luego modifica sin más la información ambiental en domicilio y ordena que las visitas pasen a ser monitoreadas por la psicóloga particular de la niña, contratada por el padre, quien también informa de manera favorable sobre los encuentros y en su respectivo informe no puede hacer caso omiso a lo que no se deja de advertir, a la nena y su mamá las une un lazo de amor y contención incondicional. Sin embargo, no se garantiza a la fecha el debido acompañamiento y seguimiento de la medida, no existe control estatal”.

Para la asociación Alcemos la Voz es inadmisible que haya transcurrido tanto tiempo sin atender las necesidades y el interés de la nena. “Los meses han transcurrido ante la sordera inmutable de un Poder Judicial que, indiferente y burocrático, avasalla los derechos de la niña ignorando una y otra vez su voz”, manifiestan al respecto y recuerdan que “el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño contiene adecuadas previsiones sobre este punto, con el objeto de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones de éste y no redunde en perjuicio de su interés genuino: 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el defecto de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño …”

“Insistimos, la niña tiene ahora 10 años y recurrentemente expresa su deseo de vivir junto a su mamá”, alertan desde el Foro Reconquista Alcemos la Voz.

El 28 de febrero que viene es una fecha clave porque  “el Juez Avile Crespo, del Juzgado Civil y Comercial 3º nominación Reconquista, deberá resolver el destino de la niña que pide volver a su hogar, en la ciudad de Reconquista”.

La Asociación Civil Foro Reconquista Alcemos la Voz -explican desde la organización- trabaja con el objetivo de defender los derechos de mujeres, diversidades sexuales e infancias. Es por esa razón que “interviene en múltiples situaciones de vulneración, accionando ante los organismos públicos competentes para garantizar se contemplen y ejecuten las políticas y normas correspondientes, tendientes a restablecer y proteger los derechos afectados”.

En pocos días -alertan- hará un año que se viene actuando “en este complejo proceso, bregando siempre por los derechos y la palabra de la niña, ignorados por un sistema judicial que permanece impávido a su sufrimiento”. Y es ante la falta de respuesta a favor del interés superior de la nena que deciden hacer pública esta denuncia: “Frente a las reiteradas resoluciones de prórrogas los jueces cargo, y de rechazo de recursos presentados ante la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y laboral, integrada por las juezas María Eugenia Chapero y María José Alvarez Tremea y el juez Pablo Lorenzetti, avalando lo actuado por Lorenzini, con fundamentos de escritorio, pero de espaldas a la humanidad sobre quienes definen sus destinos, se impone hoy a hacer una denuncia pública exigiendo se escuche y atienda la voz de la niña”.

Afirman que la nena “contó con la figura del abogado del niño, pero que éste, lejos de actuar según lo establecen las normas asumiendo la voz de la niña ante el tribunal, nunca la entrevistó, no la conoce”. “Así, todas sus intervenciones -continúan desde el Foro- sólo expresan sus propias opiniones, aún contrarias a lo que dice su representada cuando ha sido entrevistada, incumpliendo así los mandatos inherentes a su rol”.

Afirman que todo lo expuesto “ha sido presentado como denuncia ante el Procurador de la Corte y la propia Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia”.

Fuente : redaccionrosario.com