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Se presentó en Comodoro Py la apelación ante los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello en la causa contra Eduardo Belliboni, “Tango” Dotti, Jeremías Cantero y otros compañeros del Polo Obrero. El mismo día el juzgado habilitó la apelación. La fiscalía a cargo de Pollicita también apeló la sentencia de Casanello, pidiendo que sean juzgados por el delito de extorsión, que establece mayores penas. La defensa, a cargo de Apel, denunció el atropello al derecho a la defensa de los imputados y que las pruebas fueron interpretadas en forma totalmente arbitraria.

El juzgado dictó los procesamientos utilizando testimonios de “arrepentidos”, pero sin volcar los mismos al expediente, no mostró la prueba antes de las indagatorias, y dictó los procesamientos antes de que estuvieran resueltas medida de prueba clave, como las pericias telefónicas y a las cámaras del local central de la Asociación Civil Polo Obrero. Un punto central de esta negativa fue el rechazo totalmente infundado del juez al pedido de ampliar las declaraciones indagatorias de Eduardo Belliboni y “Tango” Dotti.

Con ese rechazo se impidió que fueran presentadas pruebas que refutan de plano la acusación que se hace por desvío de fondos. En particular, hubiera constatado la finalización de 43 obras de construcción y refacción en comedores populares en distintas provincias del país, gracias a que además de los fondos enviados por el Estado hubo una enorme colaboración voluntaria de miles de personas. También la realización de cursos de capacitación, saneamiento de barrios carenciados, y la puesta en marcha de proyectos productivos. Esto se mostró con gigantografías en las puertas de Comodoro Py al presentar la apelación.
 

Casanello invierte la realidad

Para sostener que hubo delitos por parte del Polo Obrero, Casanello fuerza la prueba fuertemente. Su hipótesis es que el Polo Obrero defraudaba al Estado desviando los fondos de los convenios para uso partidario y que no organizaba la contraprestación laboral sino que la reemplazaba por actividades políticas. Pero el juez no prueba ninguna de estas afirmaciones y para sustentarlas incurre en grandes falsificaciones en la interpretación de la prueba.

Acusa al Polo de desviar fondos para uso partidario a través de Editorial Rumbos. Falsifica la realidad, porque Rumbos es una empresa editorial que tiene publicaciones periódicas y que funciona en los hechos desde hace 40 años. La idea de que una editorial es la “caja” del partido es un ataque, dado que todos los medios de comunicación tienen una u otra orientación política, sin por eso ser una “caja” de sector político alguno.

El juez construye las pruebas de la acusación sobre Rumbos interpretando la facturación en forma antojadiza. Los elementos que impugna de cómo se realizaba la facturación corresponden a cualquier relación comercial con cuenta corriente, donde se van haciendo pagos y recibiendo los productos y luego se factura. Las compras de la asociación civil a Rumbos fueron mayoritariamente de folletos y papel, que fueron a alimentar los cursos que se dieron en todo el país.

El juez machaca con la acusación a Coxtex de ser una usina de facturas apócrifas, pero cuando se efectuó la rendición de las compras a dicha empresa la misma fue validada por Afip y el ministerio. Como lo resaltó la defensa, el juez no se tomó el trabajo de probar la existencia de la maquinaria que el Polo Obrero compró para los proyectos. La negativa a aceptar la ampliación de indagatoria de Belliboni y Dotti es totalmente funcional a construir este relato contra el Polo Obrero con el objeto de criminalizarlo.

Como parte fundamental de este argumento sostiene que el Polo Obrero no organizaba la contraprestación de los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Para eso interpreta que el trabajo en los comedores no formaba parte del programa. Se trata de un verdadero absurdo, dado que era claro en la normativa del programa que los comedores eran parte de la contraprestación, y de hecho la mayor parte de las organizaciones contraprestaba en comedores populares.

Las denuncias de que la asistencia a las movilizaciones y los aportes no eran voluntarios se basan en la manipulación y tergiversación de testimonios. La defensa mostró de qué manera estas declaraciones fueron recortadas para fundar una acusación que va contra lo que se desprende de ellas. Para evitar esto el juez no dio a conocer las declaraciones de los “arrepentidos”, aunque las usó para proceder al procesamiento. Los testigos reconocieron que no se daba de baja a beneficiarios por no asistir a las manifestaciones; más aún, expresaron que los planes y la asistencia fueron conseguidos gracias a las marchas.

Lo mismo surge de la manipulación de listados encontrados en comedores. Casanello sostiene que se trataba de una “lista de bajas”, pero la defensa demostró que la mayor parte de dichos compañeros siguen cobrando los programas sociales y muchos de ellos en el Polo Obrero.

Los pobres también tienen conciencia

Para sostener que hubo desvío de fondos hacia otros fines que no eran los asignados, Casanello presenta como “un fin político y partidario” las reivindicaciones piqueteras y sus métodos de organización y lucha.

Así, el juez niega el carácter asambleario de Polo Obrero y su autonomía de decisiones, así como los registros que dan cuenta del control de las bases en la distribución de la escasa ayuda estatal. Omite además que el programa y los métodos de organización del Polo Obrero fueron votados en Congresos realizados anualmente con delegados electos en asambleas.

Gran parte de las conclusiones y resoluciones de estas instancias de deliberación fueron volcadas en materiales y folletos para difundir entre todos los compañeros. También era editado en forma regular el “Suplemento del Polo Obrero” dentro de las ediciones de Prensa Obrera, donde decenas de integrantes de la organización denunciaron los cotidianos atropellos a las familias más necesitadas y las luchas por sus derechos. Todo eso era impreso por Editorial Rumbos, y su existencia física puede constatarse. En la causa, en cambio, se toma hasta cualquier movimiento de sus cuentas corrientes como si fueran una prueba de defraudación al Estado. El único fraude es esta causa.

Casanello sostiene que “la asistencia a movilizaciones y el aporte no eran resultado de una convicción ni de una conciencia colectiva”, sino “una exigencia desde un lugar de poder que se respaldaba con la advertencia de perder la ayuda estatal”. Sin embargo, no logra explicar por qué entonces no era la totalidad de los beneficiarios la que aportaba y movilizaba, ni por qué movilizaban miles que no tenían ningún plan social, ni tampoco el fenómeno de los pases masivos desde otras organizaciones hacia el Polo Obrero -justamente por sus métodos democráticos en contraposición con los punteros. Por último, los criterios para percibir el subsidio eran fijados por el Estado.

El señalamiento es que la contraprestación requerida por la organización era la asistencia a movilizaciones partidarias, pero las movilizaciones a las que concurrían los compañeros del Polo Obrero eran movilizaciones por sus reclamos impulsadas por la Unidad Piquetera, que reunía organizaciones provenientes de diversas tradiciones políticas y cuyos pliegos reivindicativos fueron votados en plenarios abiertos.

“El juez realiza una confusión deliberada entre una fuerza política (el Partido Obrero) que lucha por un programa de transformación socialista por medio de un gobierno de los trabajadores, y una organización de lucha por las reivindicaciones (el Polo Obrero)”. De fondo, para el Estado los pobres no podrían tener una conciencia política propia. La vieja cantinela de desacreditar las movilizaciones contra el hambre por ser “manipuladas”, una concesión de primer orden a los gobiernos responsables del hambre.

La presentación de la apelación permitió responder las mentiras de la Justicia, que tienen el único objetivo de criminalizar al Polo Obrero. Con estas herramientas proseguiremos la campaña para lograr los sobreseimientos.

Fuente : prensaobrera.com