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La cuestión Venezuela no implica, en el sistema político local, un debate sobre democracia o autoritarismo. Escenifica la tensión global entre derechas e izquierdas. Por eso, hasta un intendente repudia.

Que “la cuestión Venezuela” tenga tanta repercusión en la Argentina, al punto de ocupar buena parte de la agenda periodística y política, se explica fundamentalmente por los posicionamientos frente a la tensión global entre gobiernos de ultraderecha y las experiencias políticas populares de diversa índole, y no por la disyuntiva entre democracia o dictadura. De otro modo no podría entenderse la calificación de “dictador” que el presidente argentino, Javier Milei, hace de Nicolás Maduro, mientras considera “excesos” de las Fuerzas Armadas y de seguridad los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la última dictadura local comprobados por tribunales de justicia, ni el envío de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a visitar al genocida Alfredo Astiz. Tampoco sería fácil hacer maridar los dichos del último lunes del ex presidente Mauricio Macri, para quien “lo que está pasando en Venezuela atenta contra la democracia y es un enorme riesgo que perdure esta dictadura en nuestra región”, con su apoyo explícito al golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia contra Evo Morales, al que el Gobierno argentino que él comandaba proveyó incluso “material bélico de agentes químicos”, como quedó registrado en una carta de agradecimiento que el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara, envió a la cancillería local.

El parteaguas político-ideológico es el eje del asunto con Venezuela, a punto tal que lleva a fijar posición al gobernador santafesino y al intendente rosarino, que no tienen a su cargo las relaciones exteriores del país. Si bien les asiste el derecho a expresarse sobre cualquier asunto que consideren relevante, es más difícil encontrar repudios a procesos con los que se sienten identificados o más cómodos.

Conveniencias

El 30 de julio, dos días después de las elecciones presidenciales de Venezuela, el intendente Pablo Javkin recibió, junto al concejal Carlos Cardozo (PRO), a representantes de una asociación de residentes venezolanos en Rosario.

Entonces expresó a través de su cuenta en la red social X su “repudio absoluto al fraude”, que es lo que podría haber ocurrido en los comicios del país caribeño, y su “solidaridad con el pueblo venezolano” porque, remarcó, “la voluntad popular jamás debe ser atropellada”.

Sin embargo, no realizó ninguna expresión personal ni oficial respecto de la reivindicación de la dictadura argentina que supuso la visita oficial de diputados nacionales el 11 de julio pasado a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Y no es porque Javkin no repudie ese proceso ni carezca de antecedentes en ese sentido. Las coyunturas políticas y las conveniencias delimitan, en ocasiones, los posicionamientos públicos de los funcionarios ídem.

También el gobernador, Maximiliano Pullaro, tuvo la necesidad de manifestarse respecto del proceso electoral venezolano.

“Quiero expresar mi profunda preocupación por la falta de transparencia en los resultados de las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Los santafesinos no somos indiferentes ante una situación de atropello institucional y esperamos que el proceso de recuento de votos permita honrar la voluntad popular”, dijo, involucrando ya no sólo al Ejecutivo provincial, sino a “los santafesinos”.

No hay registros de un posteo similar del entonces diputado provincial y candidato a gobernador cuando el 8 de enero de 2023 seguidores de Jair Bolsonaro intentaron asaltar el Palacio de Planalto, en Brasilia, donde funciona el Congreso brasilero, a pocos días de la asunción del actual gobierno de Lula Da Silva.

Siguió Pullaro en un posteo en redes sociales: “El momento de ausencia de ley y reglas claras que transita la elección presidencial en Venezuela no es aislada, y expresa una continuidad de la violación al Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos sucedido en estos años que fueron expuestos, en detalle, en el informe Bachelet. Defendamos la democracia en todo el continente”.

Foto: Jorge Contrera | El Eslabón/Redacción Rosario

Cualquiera podría recordarle que su gobierno enfrenta denuncias y una causa judicial por presunta aplicación de tormentos a presos comunes y de alto perfil alojados en la cárcel provincial ubicada en la localidad de Piñero, que son investigadas también por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Pero esas acciones, de comprobarse, se realizaron en función de exhibir una conculcación de derechos de personas privadas de la libertad que emulara la del presidente salvadoreño, Nayib Armando Bukele, exitoso en su carrera por el cercenamiento de libertades y garantías constitucionales en pos del cumplimiento de otros derechos consagrados legalmente.

Luego de establecerlo por decreto en marzo de 2022, Bukele consiguió que el parlamento de su país le prorrogara diecinueve veces el estado de excepción, que suspende garantías constitucionales con el noble fin de batallar contra las pandillas salvadoreñas.

No van a encontrar, estimados lectores, manifestaciones ni señalamientos del gobernador santafesino ni el intendente rosarino ante ese régimen de excepción que relativiza normas en El Salvador. Sí, en cambio, podrán hallar fotografías distribuidas por el gobierno de Santa Fe que muestran a personas detenidas en cárceles provinciales y son obligadas a formarse “a lo Bukele”.

En síntesis, hay autoritarismos para denunciar y otros para imitar.

Golpeados

En la nota central de esta edición de El Eslabón, Pablo Bilsky enumera los múltiples intentos de desestabilización, golpes de estado, tentativas de magnicidio y sanciones económicas que desde hace 25 años recaen sobre la revolución bolivariana, en su versión original con Hugo Chávez y en su continuidad con el actual presidente, Maduro.

¿Eso justifica los rasgos autoritarios del gobierno de Maduro y la violación de derechos humanos? Los pone en contexto y muestra que no se trata de la lucha del Bien contra el Mal, sino de intereses bien concretos que entran en juego en una coyuntura histórica, en ambos casos con un claro desapego por las normas.

La reacción de la derecha y de los Estados Unidos a los procesos emancipadores de América latina no sólo la ha sufrido Venezuela. En 2009 fue derrocado el presidente de Honduras, Manuel Zelaya; en 2012 fue destituido en un trámite exprés el obispo Fernando Lugo de la titularidad del Poder Ejecutivo de Paraguay, quien había logrado quebrar 60 años del derechista Partido Colorado; en 2016 fue destituida la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, durante su segundo mandato, en el proceso conocido como impeachment. Ese golpe institucional estuvo orquestado, en parte, por el vicepresidente Michel Temer, a quien las filtraciones de Wikileaks revelaron como informante de los servicios de inteligencia estadounidense.

Otra filtración de documentos de inteligencia, publicados en el Cohete a la Luna, revelaron el apoyo del entonces presidente Mauricio Macri a una idea de su par de Estados Unidos –y ahora nuevamente candidato– Donald Trump, para invadir Venezuela.

Eran los tiempos en que el titular de la Asamblea Nacional del país caribeño, Juan Guaidó, encabezó un alzamiento militar llamado Operación Libertad, que rescató de la detención domiciliaria al líder opositor Leopoldo López, aunque no prosperó.

De todos modos, Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza y varios países lo reconocieron como tal, con escasa fortuna para el aventurero. Uno de ellos fue Mauricio Macri, quien entonces escribió en Twitter: “Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela. Celebramos la liberación de Leopoldo López y reconocemos al Presidente Encargado Guaidó y desconocemos la autoridad del dictador Maduro”.

A Macri le disgustan los dictadores, pero no los golpes de Estado. Por eso apoyó la intentona en Venezuela.

Pero, como se planteó al comienzo de esta nota, la cuestión no pasa por los procedimientos sino por el posicionamiento ideológico. Macri también lo hizo en Bolivia, en noviembre de 2019, cuando triunfó un golpe contra el entonces presidente Evo Morales.

El jefe político del entonces Cambiemos reconoció a Jeanine Añez como presidenta boliviana tras el golpe. Incluso, en una cumbre del Mercosur de diciembre de ese año, la mencionó como “presidenta electa”, cuando se había hecho cargo del Ejecutivo tras la salida de Morales del país, a quien intentaron matarlo.

Pero hubo más, porque a mediados de 2021 se conoció que el apoyo de Macri al proceso no fue sólo por sus coincidencias ideológicas con los golpistas, sino que les envió armas. Las democracias liberales también necesitan fierros.

Las condenas del presidente libertario, Javier Milei, a cualquier tipo de autoritarismo o incluso a dictaduras son directamente risibles. En rigor, no lo hace “a cualquier tipo”, sino a las de signo ideológico opuesto al suyo.

Apenas unos días después de que seis diputados de su bloque visitaran al emblemático represor clandestino de la dictadura argentina, El Ángel Rubio Alfredo Astiz, el presidente que se referencia en Donald Trump cuestionó por dictador a Maduro.

Otro ejemplo de las dictaduras denunciables y las amigables. Durante la campaña proselitista, Milei consideró como “excesos” los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado. Buena parte de su fuerza política reivindica aquella dictadura.

Ante el intento de golpe en Bolivia del 26 de junio pasado, el gobierno argentino fue uno de los más perezosos de la región en repudiarlo. Apenas unos días después, cuando en medio de una tensa interna entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, el ex presidente dijo que se trató de un “autogolpe”, Milei aprovechó la ocasión para afirmar que lo del país vecino fue una denuncia “falsa y fraudulenta”.

Hace pocos días recibió una condecoración de dudoso prestigio en Brasil, por parte del hijo de Jair Bolsonaro, con quien el presidente argentino se referencia en ese país. Jamás condenó el ataque al Planalto de enero de 2023, porque considera que da Silva es “un comunista y un corrupto”.

Tampoco se pronunció sobre el asalto al Capitolio, en los Estados Unidos, por parte de seguidores de Trump en enero de 2021. A los amigos todo, al enemigo ni justicia.
 

Fuente : redaccionrosario.com