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La Cámara Federal de Apelaciones que confirmó el procesamiento trucho y persecutorio contra militantes del Polo Obrero es un reducto de magistrados nombrados por Macri para tener una justicia adicta. De hecho, es la misma que anuló los procesamientos de los funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel en la causa peajes. La Justicia, que persigue a los luchadores inventando que incurrieron en defraudación y extorsión, protege a las mafias capitalistas que hacen negociados turbios y amasan fortunas desfalcando el país y empobreciendo a la clase trabajadora.

Dietrich (exministro de Transporte), Dujovne (exministro de Economía) e Iguacel (exministro de Vialidad y Energía) se vieron involucrados en una causa que investigó maniobras fraudulentas que beneficiaron al Grupo Macri y a Abertis –empresa española vinculada a vialidad, socia de Socma– mediante el otorgamiento de las concesiones de peajes de los principales accesos a Buenos Aires. Se trata de un negocio parasitario muy corrompido cuyos beneficios buscan ser usufructuados por compañías capitalistas que se entrelazan con el Estado y sus personeros.

En su momento, una investigación dio cuenta de “injustificados aumentos vía dolarización de tarifas, condonación de multas y sanciones, pago millonario sin justificación técnico-económica, perjuicio del erario público y negociaciones espurias en el marco de conflicto de intereses”. Antes de asumir, Macri y Dietrich les reconocieron una deuda de casi 500 millones de dólares a concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado. Esto, con el objetivo de que Abertis levante una demanda que había iniciado ante el Ciadi contra la Argentina.

En este contexto, hasta se llegó a denunciar la aplicación, por parte de Macri y sus acólitos, de una política de persecución en Vialidad que incluyó amenazas de despidos contra quienes se opusieran al negociado que se armó. En el fallo, asimismo, se señaló que se trató de “un complejo engranaje de maniobras” cuyo único objetivo fue atender los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes.

La decisión de bajar los procesamientos fue tomada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Ambos, además de defender a empresarios y funcionarios corruptos ligados al PRO y de estar involucrados en otras porquerías, le dieron una mano importante a Macri para ser sobreseído en la causa por espionaje a los familiares del ARA San Juan.

Bruglia, desde su lugar como juez de la Cámara Federal, también defendió a Macri en la causa “Mesa Judicial”; el expresidente habría presionado jueces y fiscales para lograr fallos favorables o castigar a aquellos que firmaban resoluciones que lo perjudicaban a él y a su círculo íntimo político-empresarial. El kirchnerismo se valió de esto para darle fuerza a su denuncia de lawfare derechista contra CFK y de paso ocultar la responsabilidad de la expresidenta en el armado de un esquema de corruptela del que grupos capitalistas amigos se enriquecieron a través de sus vínculos con el Estado.

Los funcionarios favorecidos por la Cámara Federal, por otro lado, fueron quienes junto a Macri llevaron adelante una ofensiva (tarifazos, ajuste) contra el pueblo argentino que profundizó la bancarrota económica de Argentina y aumentó la pobreza. Dietrich también fue imputado tras descubrirse sobreprecios de hasta el 100% en el Metrobus, cuando fungía como secretario de Transporte en Buenos Aires. Durante su paso por esa cartera se compraron los vetustos e inútiles coches (con asbesto) del Metro de Madrid.

A la vez, estuvo involucrado junto al expresidente en el Caso Avianca, que investigó la transferencia de dos aerolíneas –fraude al Estado mediante– a Macair, la aerolínea de la familia Macri, y a la colombiana Avianca, también del Grupo Macri. Y la lista de denuncias sigue. Dujovne, por su parte, está implicado junto a Macri, Sturzenegger y Caputo en el FMIgate por el turbio acuerdo que realizó el gobierno amarillo con el organismo internacional a través del cual se le otorgaron al país unos 44.000 millones de dólares y que hoy la población laboriosa sigue pagando con agravios de todo tipo.

Iguacel benefició y defendió a Ángelo Calcaterra en el marco de una investigación por el pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en la causa denominada Lava Jato. Al exfuncionario, asimismo, se le abrió una causa penal por lavado de dinero tras haber aparecido vinculado a una offshore en el escándalo conocido como Paradise Papers. La lista de denuncias sobre Dujovne e Iguacel también es extensa.

Los verdaderos y únicos ladrones del país están sueltos e impunes. Son los capitalistas y sus representantes políticos. Todos los actos de corrupción en los que están inmersos no son gratis para los trabajadores ya que han traído consigo el vaciamiento de las arcas públicas y por lo tanto el deterioro de la infraestructura, la crisis en el sistema de salud y educación, la pobreza salarial, jubilaciones miserables; de conjunto, han terminado por provocar un agravamiento de la pobreza absoluta y relativa de la clase obrera. El gobierno de Milei se apoya en este aparato judicial descompuesto y agusanado para perseguir a los que luchan por sacar a millones de trabajadores y jóvenes de la miseria.

Un gobierno de trabajadores ajustará cuentas con todos los enemigos del pueblo argentino. Viva la lucha del movimiento piquetero.

Fuente : prensaobrera.com