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Italia se precipita hacia un nuevo desastre sanitario y social del que el gobierno Draghi (presentado por los medios de comunicación como el gobierno de los mejores) es totalmente responsable.

La pandemia, que ya se ha cobrado alrededor de 140.000 víctimas (y quién sabe cuántos miles más de personas han perdido la vida debido a otras patologías que la crisis sanitaria no ha tratado), está experimentando un rebrote sin precedentes de contagios (más de 200.000 contagios al día) que también afecta a las y los más jóvenes y eleva el número de personas positivas de covid a alrededor de 2 millones de personas.

Todo es bueno para la recuperación económica

Estamos ante un crecimiento exponencial, contra el cual el gobierno no ha querido adoptar ninguna iniciativa radical a tiempo, limitándose a medidas parciales, ineficaces y contradictorias. Las estructuras sanitarias se enfrentan a una crisis catastrófica, como ya ocurrió en 2020, mientras el gobierno se niega a prolongar el cierre de escuelas después de las vacaciones (como lo demandan no solo los sindicatos y los responsables escolares, sino también los expertos en salud y los gobiernos regionales), con el pretexto de que esto evitaría que muchos padres fueran a trabajar.

Durante todos los meses de fuerte recuperación económica (con un crecimiento anual de más del 6%), el objetivo del gobierno ha sido garantizar que la producción y los negocios en el comercio, la restauración, el deporte, etc., no encuentren ningún obstáculo. No solo los sectores productivos han estado activos siempre, sino que las escuelas se han reabierto con el 100% de los estudiantes en clases presenciales, sobrecargando las aulas sin respetar las reglas de distanciamiento; de hecho, nos hemos deshecho de todas las reglas en el transporte y eventos deportivos y, finalmente, ya que la cuarentena de las y los trabajadores puede interrumpir el progreso de la marcha de los negocios, se han librado también de la cuarentena de las y los vacunados, lo que permite continuar trabajando incluso después de haber tenido contactos estrechos con personas diagnosticadas como positivas. Este es el contexto en el que la pandemia ha podido mostrar toda su fuerza.

El desafío de la vacunación

La política sanitaria del gobierno Draghi se ha limitado a la vacunación, que sin duda es fundamental, pensando que esto sería suficiente para limitar los contagios y garantizar el retorno a la normalidad, es decir, al business as usual. Todas las fuerzas de la izquierda y los sindicatos de clase hicieron campaña por la vacunación masiva, una herramienta indispensable para tener cierta seguridad sanitaria colectiva en el lugar de trabajo, en reuniones y manifestaciones; también lucharon para que las vacunas estuvieran disponibles para todas y todos, no solo en Italia sino en todos los países del mundo, exigiendo una moratoria de las patentes. Los sindicatos han pedido intervenciones sanitarias y estructurales integrales y vacunación obligatoria, medida que la Constitución hace posible durante acontecimientos extraordinarios. No se ha cuestionado el valor de las vacunas, pero era obvio que era una efectividad parcial: su uso tenía que ir acompañado de inversiones significativas en las instalaciones sanitarias, escuelas, transporte y monitoreo de los contagios. Medidas que el gobierno no tomó cuando tenía grandes fondos europeos (plan Next Generation), gastados por el contrario para subvencionar empresas privadas.

Draghi y sus ministros también han instrumentalizado al movimiento No Vax, una minoría en el país, pero al que la importante publicidad hecha por los medios de comunicación ha reactivado, para construir una oposición social conveniente que les permitiera ocultar sus decisiones sanitarias, pero también las decisiones económicas y sociales contenidas en la ley de balance contra la que dos de las tres principales centrales sindicales (el CGIL y la UIL CGIL: Confederación General Italiana del Trabajo; UIL: Sindicato Italiano del Trabajo) convocaron una huelga general nacional el 16 de diciembre.

"Medidas parciales, de dudosa efectividad"

Con su último decreto, el gobierno impuso la obligación de vacunación para todas las personas mayores de 50 años; esto se convertirá en una condición en pocos días para poder ir a trabajar, pero también para poder utilizar el transporte público, restaurantes, etc. Como dijo un conocido director médico: "Estas son medidas parciales de dudosa efectividad, que en cualquier caso llegan tarde y solo pueden tener algún efecto muy a largo plazo". Mientras tanto, la propagación de la infección pone fuera del juego, debido a enfermedades o cuarentenas, a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en todos los sectores de servicios, principalmente en salud, pero también en escuelas, transporte, servicios postales, etc. El confinamiento, tan temido por el gobierno y la patronal, corre el riesgo de concretarse en una situación de enorme caos sanitario, gerencial y social, causando miles de víctimas más.

El gobierno de Draghi, después de cumplir la función que justifica su existencia -distribuyendo más de 100 mil millones a las empresas capitalistas gracias al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y la Ley de Presupuestos- pero después de haber sido incapaz de enfrentar la pandemia, ahora parece estar en crisis porque los partidos que lo componen están divididos y en conflicto entre sí. Y el 24 de enero las y los senadores (315), diputados (630) y delegados regionales (58) están llamados a Roma para elegir al nuevo Presidente de la República y estas votaciones podrían eternizarse. Entonces, ¿qué va a pasar con la política de seguridad sanitaria?

Fuente :

vientosur.info