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Durante el operativo de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal comandado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el que reprimieron salvajemente a jubiladas y jubilados que se manifestaban contra el veto de Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria, hubo una gran cantidad de irregularidades. Agentes motorizados de la PFA con armas de fuego reglamentarias con cargadores con balas de plomo; la gran mayoría de los agentes de las fuerzas sin su identificación correspondiente, mientras que otros la tenían oculta o apenas portaban algún rango; un operativo totalmente desmedido que duplicó la cantidad de manifestantes; y un avance de la GNA sobre la prensa, son algunas de ellas. Tras la anterior brutal represión a jubilados y jubiladas del miércoles 28 de agosto, ya el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había presentado un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde le pidió que se pronuncie por «la puesta en marcha en Argentina de normas y prácticas regresivas y contrarias a los estándares internacionales sobre el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la reunión». Por ANRed.

Durante la cobertura de la salvaje represión que desataron este miércoles 4 de septiembre la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal, comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre jubiladas y jubilados que protestaban contra el veto de Milei de la Ley de Movilidad Jubilatoria, un rápido registro fotográfico de la agencia ANRed muestra una gran cantidad de irregularidades:

Portación de armas de fuego

Algunos agentes motorizados de la PFA con armas de fuego reglamentarias con cargadores con balas de plomo. Con respecto a este tema, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya había presentado un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de la resolución 125/2024 emitida por el Ministerio de Seguridad, por la cual se aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales.

«El reglamento se aparta de los principios, las reglas y los estándares establecidos a nivel internacional para la regulación del uso de armas de fuego. Si bien el texto cita estos estándares internacionales, no los cumple. Las directivas propuestas pasan por alto principios básicos como el de excepcionalidad, progresividad y proporcionalidad en el uso de la fuerza e incumplen las obligaciones jurídicas que el Estado argentino asumió a nivel internacional. La amplitud de las situaciones en las que los funcionarios están autorizados a disparar sus armas de fuego, habilita un amplio margen de discrecionalidad para la evaluación de tales circunstancias. Esto implica un peligro gravísimo para la vida e integridad física de la población», alertó el CELS en su momento.

Agentes sin identificación

La gran mayoría de los agentes de las tres fuerzas no poseían su identificación correspondiente, otros la tenían oculta o apenas portaban algún rango.

Operativo desmedido

El operativo comandado por la ministra Bullrich, del que participaron la PNA, GNA, PFA y, en menor medida, la Policía de la Ciudad, fue totalmente desmedido: la cantidad de agentes al menos parecían duplicar la cantidad de manifestantes.

Avance sobre la prensa

En un determinado momento del operativo, un cronista de esta agencia pudo ver cómo la GNA avanzó a paso militar desplazando a quienes estaban sobre Rivadavia y Callao. La mayoría eran trabajadores y trabajadoras de prensa, es decir, no estaban desplazando manifestantes, sino a la prensa.

En el marco del desmedido operativo represivo, el registro fotográfico también arroja:

 Portación de Armas Byrna 9mm y automáticas (inclusive efectivos de la PNA se sacaban fotografías ostentándolas frente a los adultos mayores).

Gases MK-9 (CTS) y GL108-Advantage Max (Condor).

«Normas y prácticas regresivas y contrarias a los estándares internacionales sobre el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la reunión»

Imagen periodística que el CELS incluyó en su informe a la CIDH sobre la brutal represión a jubilados/as del miércoles 28 de agosto de 2024.

Ya la semana pasada el CELS había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un escrito donde recoge testimonios de jubilados y jubilados y trabajadores/as de prensa reprimidos en la anterior manifestación del miércoles 28 de agosto, donde relata: «a diferencia de manifestaciones anteriores, en horas de la tarde la Policía Federal desplegó el protocolo ‘antipiquetes’ y un importante despliegue policial acompañó la marcha, que terminó con la represión con bastones tonfa, golpes y gases lacrimógenos de quienes se manifestaban».

«El jefe del operativo empezó a empujarnos para salir de la calle y ahí empezaron a golpear – detalla uno de los relatos que acompañan el informe, que fue recogido por un medio de comunicación en el marco de la represión – La Federal me pegó un palazo en la cabeza. Me da mucho odio esto, pero voy a seguir viniendo», aseguró un hombre de 66 años que fue atendido por lesiones producidas por un bastón tonfa policial. «Reclamamos lo que es justo, vergüenza debería darles», gritó otro jubilado a los efectivos cuando comenzaron a tirar gas lacrimógeno. Uno de los heridos fue el camarógrafo de Canal 9 Marcelo Baldassarre, quien padeció los efectos del gas: «he cubierto muchas manifestaciones, pero nunca me pasó de un gas tan fuerte, es como si hubieran tirado un fogonazo en la cara. Lo que quema es increíble», describió. Baldassarre debió ser tratado con leche y óleo calcáreo para recuperar la visión y mermar la quemazón en su rostro.

Imagen periodística que el CELS incluyó en su informe a la CIDH sobre la brutal represión a jubilados/as del miércoles 28 de agosto de 2024.

Ante esta situación, el informe del CELS recuerda que representantes del gobierno justificaron la represión: «una diputada del partido gobernante La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, afirmó que los manifestantes ‘estaban cortando la calle’ y que ‘el gas pimienta es feo pero no trae problemas (…) Son imágenes de una realidad difícil que vivimos’, mientras que la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que ‘las normas son claras, no se corta la calle‘, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa que «la calle no se puede cortar y la ley no se puede incumplir. Para el que corta la calle se aplicará el protocolo antipiquete«.

Esta nueva represión a personas que buscan expresar sus ideas y defender sus derechos «es un ejemplo más del camino que ha cimentado el Estado argentino de prohibir el derecho a la protesta y de desconocer completamente sus compromisos internacionales», denunció el CELS.

Imagen periodística que el CELS incluyó en su informe a la CIDH sobre la brutal represión a jubilados/as del mipercoles 28 de agosto de 2024.

Ante esta situación, el organismo de derechos humanos solicitó a la CIDH:

Que «soliciten al Estado argentino que considere sus obligaciones en materia de derechos humanos a la hora de tomar una decisión respecto del proyecto aprobado en el Congreso».

Que «soliciten información al Estado sobre el desarrollo del operativo de seguridad del día 28 de agosto de 2024, especialmente respecto del uso indiscriminado de armas ‘menos letales’ y de los manifestantes heridos.

Que «manifiesten al Estado argentino su preocupación por la situación de criminalización y represión de la protesta social».

Y que «realicen un comunicado de prensa expresando su preocupación por los hechos puestos en su conocimiento, que son la consecuencia de la puesta en marcha en Argentina de normas y prácticas regresivas y contrarias a los estándares internacionales sobre el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la reunión».
 

Fuente : anred.org