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Ley de disolucion nacional Que nos espera


14-05-2024 20:44:21
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Entre rumores de votos fraguados, cambios en el texto, revoleos de bolsos y presiones mafiosas, y en medio de un paro contundente, el Senado ya debate la aprobación o rechazo de la media sanción que la Cámara baja dio al proyecto libertario.

Sólo el descomunal lobby ejercido por las mega corporaciones que están detrás de la Ley Bondi versión reducida impide que los medios de comunicación hayan puesto el foco en un escándalo –uno más, pero excepcional– que no se veía en el Congreso desde los tiempos de las privatizaciones menemistas y desde el intento de soborno llamado Ley Banelco durante el gobierno de Fernando De la Rúa: el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, está acusado de fraguar la votación del capítulo del tabaco.

La bancada peronista en la Cámara baja decidió abrir una auditoría interna con el objetivo de comprobar si el titular del cuerpo adulteró el resultado de la votación que se realizó el martes 30 de abril en lo que hace a la incorporación del impuesto a las compañías tabacaleras, pero para el oficialismo y la oposición “dialoguista” el episodio se trata de un “error de tipeo”.

Más falso que dólar amarillo

La acusación es grave y parece tener su base en documentación fehaciente, nada menos que las actas parlamentarias, en las que se asegura que hubo más abstenciones de las registradas en el recinto, se contó como voto afirmativo la abstención del diputado Aldo Leiva y no fueron incluidos tres votos negativos.

El caso no ha sido publicado tan siquiera en los medios considerados críticos del gobierno de Javier Milei, y las sospechas giran alrededor de una presión en formato maniobra de pinzas: por un lado el Ejecutivo, con sus clásicas amenazas, y por otro las corporaciones, poniendo en valor sus abultadas billeteras.

Entre las excepciones se cuenta el sitio digital La Política Online (LPO), que viene siguiendo el caso desde el minuto cero, y el 3 de mayo publicó algo que ya en la Cámara de Diputados se rumoreaba en todos sus pasillos: “Lo que se vio por las pantallas y anunció Menem fue que hubo 82 voluntades a favor, 77 en contra y 69 abstenciones. Sin embargo, las actas parlamentarias que se publicarían horas más tarde indicaban que los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva solicitaron la abstención a viva voz, aunque el sistema los contó por la positiva, reduciendo el respaldo a 80 legisladores”.

La información complementaria termina de redondear el escándalo, ya que en ese mismo documento parlamentario figura que las legisladoras macristas Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero habían votado en contra, lo mismo que el diputado libertario Beltrán Benedit, con lo cual el rechazo registraba 80 diputados.

LPO abundó, aportando otro dato: “El saldo habría sido entonces un empate y debió pronunciarse Menem, pero se oficializó un resultado mentiroso. Para colmo, en una adenda del acta se aclara que hubo 11 abstenciones más que las voceadas por el titular de la Cámara Baja, llevando el conteo final a un triple empate”.

Uno de los que habría sido estafado por Menem –el condicional remite a que aún la auditoría del caso está en veremos– fue el diputado peronista Aldo Leiva, del Chaco, quien se abstuvo en la votación del capítulo sobre el impuesto al tabaco y sin embargo computaron su voto como positivo, lo cual fue determinante para la aprobación de la iniciativa.

En diálogo con el citado medio, Leiva explicó: “Con mi compañera de bancada María Luisa Chomiak habíamos decidido votar positivamente (el capítulo del tabaco); en ese ínterin se produce el voto de Germán Martínez que a su vez estaba haciendo correr la voz que había que abstenerse, entonces nosotros a viva voz solicitamos la reconsideración de nuestro voto”.

El oficialismo libertario no encontró mejor respuesta que atribuir la denuncia a un montaje intencional de la oposición: “Es una truchada, el video que circula por Twitter se hizo recortando distintas votaciones”.

No es lo que piensa el bloque de Unión por la Patria y otros legisladores de la oposición, que ya se encuentran trabajando con el fin de analizar todas las actas de votaciones, y en particular la de la ley ómnibus y el paquete fiscal.

También la Tabacalera Sarandí, que había expresado su oposición al gravamen incluido en el capítulo cuestionado, advirtió que se encuentran estudiando los pasos a seguir si finalmente se constatan las denuncias.

Lo cierto es que el senador José Mayans anticipó que el interbloque de Unión por la Patria (UP) podría llegar a plantear la nulidad de la media sanción luego de que trascendiera el escándalo de la votación referida al impuesto al tabaco. El formoseño señaló a IP Noticias: “Tengo entendido que hubo problemas con la redacción, lo que salió como despacho de comisión y la votación de la ley del tabaco. Hay que ver cómo termina. Si es que está incorrecto, se puede plantear la nulidad”.

Al cierre de esta edición en la Cámara alta se superpusieron dos situaciones. Por un lado, el radical Maximiliano Abad intentó desarmar la jugada de Mayans y Di Tullio de obstaculizar el tratamiento de la media sanción, argumentando que existía una fe de erratas del propio Menem.

Sin embargo, el bloque UP fue taxativo: “No alcanza una fe de erratas”. Es que lo que el oficialismo y los “dialoguistas” llaman “error de transcripción” respecto del capítulo del RIGI, no se subsana con una suerte de disculpa técnica. Lo escandaloso de las modificaciones –que el indefinible vocero presidencial Manuel Adorni calificó de “errores de tipeo”– parece dar la razón a la bancada peronista.

La primera modificación gira en torno del capítulo de Gas Natural Licuado (GNL), porque allí donde debía figurar la palabra “autorización” para la exportación de ese recurso, fue cambiada por el término “permiso”.

Pero el restante cambio, que corresponde a la creación del Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi) es inadmisible: en el texto original se establece que el Poder Ejecutivo puede establecer diferentes montos mínimos por “sector o subsector” o por “etapa productiva”, pero en la copia que llegó al Senado dice que es “por sector productivo”. Además, en esa última versión se exigen montos por encima de 200 millones de dólares y el dictamen original señalaba que era a partir de ese monto.

Para el titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, las diferencias entre el texto que Menem envió a Senadores y lo que se votó en el recinto “es motivo de nulidad”. Y agregó: “Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”.

El legislador rosarino manifestó que “se ha modificado el texto puesto a consideración del plenario, alterándose de esta forma la voluntad del legislador, y excediéndose en la autorización otorgada por el cuerpo para las correcciones de forma. En un análisis no exhaustivo se han detectado algunas de estas alteraciones, lo que no significa que sean las únicas”, y acusó a Menem de incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

¿Sale o no sale en el Senado?

Como se sabe, la suerte de la jibarizada “Ley Bases”, tal como la bautizó Milei, depende de una correlación de fuerzas que es mucho más reñida para el oficialismo en la Cámara de Senadores que en Diputados.

Por esa razón el conteo de porotos está a la orden del día, cada quien juega al misterio, y los rumores de “incentivos” que estarían siendo ofrecidos por las corporaciones que saldrían beneficiadas con la sanción de la ley ya no pueden ocultarse.

Para el peronismo, que asegura contar con una férrea unidad, la táctica por el momento es jugar con los tiempos que apremian a los libertarios, que pretendían que la ley estuviera aprobada como frutilla del postre que piensan servir en Córdoba a propósito del Pacto del 25 de mayo. “Los tiempos no le dan a Milei”, susurran en los oídos de algunos periodistas los asesores del interbloque Unión por la Patria.

Luego de una reunión virtual, el lunes pasado Mayans, titular del bloque Frente Nacional y Popular, y Juliana Di Tullio, quien preside la bancada Unidad Ciudadana, convocaron a un encuentro que tuvo asistencia perfecta, al punto de que uno de los presentes aseguró que están “firmes los 33”.

Todo el proceso, asimismo, está contaminado por las fuertes sospechas de que la lógica presión de los lobbystas que responden a las corporaciones que resultarían beneficiadas por la sanción de la norma incluyen incentivos económicos.

El radicalismo, aunque dividido en el Senado por la posición que ya adoptó Martín Lousteau en el tratamiento –votó en contra del mega DNU–, se encuentra en la mira, no sin razones. En Diputados la mayoría de los y las radicales se despachó con encendidos discursos contra el proyecto de Ley Bases, pero terminó votando a favor.

Pero más allá de la UCR, el sitio de noticias Letra P realizó un escaneo de las senadoras y los senadores que tienen en sus manos desequilibrar la votación, y los motivos que tendrían para tomar una decisión tan trascendente. Desde El Eslabón también se rastreó la inclinación que muestran a priori algunos de esos legisladores.

En la Cámara alta, Lousteau se puso al frente de quienes resisten el Rigi y en su entorno advierten que el tratamiento de la media sanción de Diputados no se resolverá en menos de dos meses. Los libertarios que cuentan los porotos dan por perdido el voto del ex ministro de la 125. Sin embargo, una fuente cercana al legislador confió a este medio que los rechazos serían a capítulos, pero se votará a favor en general”.

Por su parte, el ya mencionado Abad, quien preside el comité bonaerense de la UCR, juega a las escondidas. En la votación del DNU 70/23 se abstuvo, pero eso no significa algo, porque sus últimos movimientos fueron proactivos hacia la estrategia de urgencia que tiene La Libertad Avanza (LLA).

El radical Pablo Blanco, en tanto, ha mostrado ser muy crítico hacia la gestión de Milei. Como su correligionario de La Pampa, Daniel Kroneberger, es muy cercano al ex gobernador jujeño Gerardo Morales. Hasta el momento no se manifestó, y lo único que dijo es que aguardará que la media sanción de Diputados se trate en comisiones para definir su voto.

La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, del palo de Horacio Rodríguez Larreta, aún no se pronunció, pero cerca de ella aseguran que no se siente nada cómoda con el rol de aliado dialoguista de su fuerza. Toda una incógnita.

El correntino Carlos Camau Espínola –una de las piezas clave entre los considerados “outsiders”– pertenece al bloque Unidad Federal, que integra junto al entrerriano Edgardo Kueider y la cordobesa Alejandra Vigo. El ex deportista fue ninguneado por el Gobierno, que ni lo llamó para negociar. Debe dejar su banca en 2027 y se jacta de no tener jefe político. Su voto es un misterio.

Lo mismo puede decirse de Kueider, con la salvedad de que en los últimos tiempos viene teniendo mucho contacto con el actual gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, proclive a acompañar las políticas de Milei. Sin embargo, es uno de los llamados “demorones”, puesto que considera apropiado tomarse el tiempo necesario para analizar ciertos temas sensibles, entre otros la reforma laboral y la delegación de facultades.

El caso de los partidos provinciales también tiene su miga. Por ejemplo Lucila Crexell, senadora por la provincia de Neuquén y referente del Movimiento Popular Neuquino. Retiene su banca desde 2013, pero su reelección en 2019 la consiguió en nombre de Juntos por el Cambio. Hay que recordar que actualmente selló un acuerdo con el gobernador Rolando Figueroa, quien a su vez acompaña parcialmente la reforma en energía y gas con el gobierno libertario. De todas formas, no hay indicios de que ese pacto indique que votará en forma positiva.

El sanjuanino Sergio Uñac tiene la confianza del bloque UP, que cuenta con su voto en contra en general. Sin embargo, ciertos beneficios que contiene el Rigi para las mineras –por los cuales los diputados sanjuaninos de UP votaron a favor de ese capítulo– sugieren que podría acompañar en particular.

El santacruceño José María Carambia, socio del gobernador de su provincia, Claudio Vidal, fue quien acordó en Diputados el texto de la venta de acciones de Yacimiento Carboníferos Fiscales de Río Turbio (YCRT), haciéndose eco de un reclamo pedido de intendentes y gremios locales. Este senador votó en contra de todos los proyectos del oficialismo, pero aún no dio a conocer su posición.

Otra santacruceña, Natalia Gadano, quien asumió su banca en diciembre junto a Carambia, pertenece a un ala del PRO de esa provincia y también está condicionada por el acuerdo de YCRT.

Así las cosas, los votos de este grupo están en el foco de Mayans y Di Tullio, cuyas muñecas parlamentarias intentarán convencer a todos y todas, en primer lugar, de la necesidad de rechazar de plano la media sanción para lograr que la ley se caiga y, caso contrario, de incluir las modificaciones necesarias para que vuelva a la Cámara baja.

Las exposiciones que llevaron adelante ante el plenario de comisiones el ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento, María Ibarzábal Murphy, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman no convencieron a nadie. Por el contrario, generaron más dudas de las que ya tenían los indecisos.

El miércoles expusieron los secretarios de Hacienda, Eduardo Rodríguez Chirillo, y de Trabajo, Julio Cordero. Al primero, el senador peronista Oscar Parrilli le espetó: “Parece que tuviéramos un CEO de una empresa multinacional que viene a explotar los recursos de Argentina”. El funcionario no pudo siquiera responder cuál es el costo del barril de petróleo producido en la Argentina. Un papelón.

No fue el único que recibió reproches del ex secretario general de la Presidencia. Al senador Ezequiel Atauche, de LLA, lo atendió sin piedad cuando éste indicó que no había tiempo para exponer: “Deberíamos estar cuatro meses para discutir esta ley. Si usted está apurado y quiere irse a su casa, váyase, salvo que ustedes sean una escribanía y quieran aprobar todo a libro cerrado. Escuche que va a aprender”.

La jornada no estuvo exenta de chicanas. La senadora mendocina de UP Anabel Fernández Sagasti le envió un misil al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, al mencionar que el Gobierno “está manoteando el fondo de sustentabilidad” y que “la plata de los jubilados va a estar en las manitos de Caputo. Peligrosísimo. Si hay alguien que le gusta la timba es a Toto Caputo”.

Con este panorama, el gobierno ya está resignado a que el escenario más realista es uno en el que la media sanción contenga modificaciones. Ya nadie piensa en que se pueda alcanzar una mayoría que ratifique la votación de Diputados sin tocar una coma.

Y algo más: saben que es casi imposible que salga un dictamen esta semana, para poder sesionar el 16 de mayo, que son los plazos que Milei se autoimpuso para llegar al Pacto del 25 de Mayo con la ley aprobada.

Un nuevo intento de aniquilar la utopía

La única certeza que ofrece el experimento anarco capitalista es que, en un nuevo intento por desterrar de cuajo toda utopía, se propone trastocar para mal la vida de todos y todas, con la exclusiva excepción de aquellos que constituyen el poder real.

Una semana antes del acto con el que se propuso “refundar” la Argentina, Milei participará de la cumbre anual del partido de ultraderecha Vox, en España, buscando la foto con la principal figura de esa fuerza política, Santiago Abascal.

Como viviendo en otra esfera, el mandatario se subirá al avión el viernes 17 de mayo, un día después de la fecha en que el oficialismo pretende sesionar para poner en juego la aprobación de la Ley Bases. “Esto es la demostración de que el Gobierno ya sabe que la ley no sale”, deslizó a El Eslabón un allegado al Ministerio del Interior nacional.

En medio de esa extravagante agenda, el paro nacional del jueves 9 fue un baldazo de agua helada en los primeros días de frío que trajo el otoño de este patriarca enajenado. A contrapelo de las operaciones de funcionarios sin historia ni experiencia política, sostenidos por los lameculos auto percibidos periodistas en medios cuyos propietarios han descartado todo retorno a la dignidad informativa, la medida de fuerza demostró el descontento no sólo de la Confederación General de los Trabajadores sino de los más variados sectores de la sociedad.

Foto: Jorge Contrera | El Eslabón/Redacción Rosario

Ni la renovada extorsión oficial a los trabajadores estatales al volver a descontar el día a quienes paren, replicado en forma vergonzosa por el gobierno provincial de Santa Fe, ni el apriete divulgado con fruición por el execrable vocero Adorni para botonear a través de una línea telefónica presuntas coacciones de vaya a saber quién, alcanzaron –como nunca alcanza– para menguar la potencia del segundo paro nacional que el movimiento obrero organizado le hace a un gobierno que se jacta de la crueldad con que ajusta al Pueblo.

Consultado para este artículo, un veterano periodista porteño, que supo ser corresponsal para una agencia de noticias extranjera y sigue de cerca la política nacional aunque ya no ejerce, se abstuvo de opinar, pero respondió sobre la actual coyuntura: “Milei es una pesadilla a cielo y ojos abiertos”.

El experimentado escriba agregó, requiriendo anonimato con la desopilante excusa de estar preparando un libro: “Lo más lindo que tenía el periodismo era el contrabando”. Ante la mirada absorta de quien escribe, amplió: “Antes vos podías meter en una crónica algo de literatura, un poco de ficción, manojos de invención artística. Hasta que llegó eso que llaman pos verdad, fake news, y en verdad se trata de patrañas. El origen de aquello era algo que había pasado, la raíz de esto otro es el daño. Bueno, Milei es un insumo de la pos verdad, un engranaje más del daño que se propuso hacer el sistema a la humanidad”. Y acto seguido pidió dar por terminada la charla.

Es imposible no pensar en esa despiadada descripción. Que al fin y al cabo este experimento execrable no sea otra cosa que mantener a millones de personas a la intemperie, sin el cobijo que da la utopía de un mundo mejor, sin poder cerrar los ojos y dejar que ese sueño meta de contrabando unas pocas gotas de felicidad.
 

Fuente : redaccionrosario.com

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