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Organización y plan de lucha para derrotar la motosierra antieducativa.

Foto de archivo

Las modificaciones de Milei a la ley de Educación Nacional (2006), en el proyecto de la llamada Ley Ómnibus, profundizan el carácter mercantilista de aquella normativa kirchnerista (que preservó lo sustancial de la nefasta ley Federal de Educación) y desmantelan la educación pública. Como en su momento Macri con su “Plan Maestro”, el liberfacho avanza sobre terreno ya abonado por el pejota-kirchnerismo.

Las modificaciones del proyecto de “ley Ómnibus”, efectivamente, van a fondo en la eliminación de la educación pública, pretendiendo aplicar todo aquello que a la dictadura genocida y al menemismo les quedó en el tintero, en la tarea de convertirla en un mero apéndice del capital y en reducir al máximo el gasto en educación.

Para ello, el punto de partida está en el antiobrero y reaccionario DNU 70/2023, que declara a la educación un servicio esencial, conculcando todos los derechos a la protesta y a la huelga a los trabajadores de la educación.

Apenas conocidos, los avances reaccionarios de este proyecto provocaron una reacción mayoritaria en la población, obligaron a la CGT a tener que poner fecha a un paro el 24 de enero y profundizaron el proceso de lucha para derribar tanto esta intentona de ley como el DNU 70/2023, lo cual cuestiona fuertemente la posibilidad de su aprobación, a pesar de los malabares de muchos legisladores de los partidos patronales para encontrar una variante que preserve los avances antiobreros de Milei.

Cooperadoras, mecenas y privatización

Se permite que las cooperadoras escolares recauden particularmente a través de empresas que actúen como sponsors públicos, a cambio de contrapartidas, algo terminantemente prohibido en la normativa anterior. Esto habilitaría a empresas a realizar acciones promocionales en las escuelas o colegios y que esto se convierta en una fuente de financiamiento directo de la educación en manos de capitalistas “mecenas”, coexistiendo con los magros aportes estatales. Progresivamente, la comunidad educativa será absorbida por las “fuerzas vivas” de la sociedad, es decir, la clase empresarial. Los antecedentes a esta realidad que promueve el liberfacho son, por ejemplo, las escuelas técnicas de la localidad bonaerense de Campana “apadrinadas” por Paolo Rocca, el capo del grupo Techint. Esta avanzada capitalista sobre la educación -promovida además por el desfinanciamiento educativo en base a un presupuesto que prorroga el del año 2023- será una enorme presión sobre las escuelas, que de aprobarse esta normativa se verán crecientemente obligadas a aceptar financiamiento empresarial, con los nocivos condicionamientos de todo orden que ello implica para la educación.

Formación docente, reforma laboral y CEOs

La formación docente y el ingreso a la docencia pasarían a ser en la nueva reglamentación un pilar de una reforma laboral de hecho.

En el artículo 544 del mamotreto del proyecto de la ley ómnibus se sustituye el artículo 69 de la Ley de Educación Nacional por otro que establece que la formación estará en función de la evaluación docente continua, que “será una de las dimensiones básicas tanto para el ingreso a la docencia cuanto para el ascenso en la carrera profesional”. Esa evaluación se haría en función de un nuevo marco reglamentario diseñado no sólo por organismos estatales, sino también por entidades profesionales, académicas y organismos de la “sociedad civil” (patronales). La intervención de los gremios en el diseño de los criterios de evaluación queda, así, claramente relativizada.

Sobre esta base se establecen los criterios básicos, tanto para el desempeño en el aula como fundamentalmente para la función directiva y de supervisión a la cual se accederá en base a la formación aquilatada por la absorción de los criterios reaccionarios definidos en la nueva formación docente. Esto garantiza una separación estratégica de la carrera profesional, entre el docente de “guardapolvo” y el jerárquico, que actuará como un verdadero CEO educativo.

En el mismo sentido, la formación docente atada a una evaluación punitiva introduce una reforma laboral de hecho, lo que se establece con la modificación del actual artículo 76 de la Ley 26.206.

Primero, porque para ingresar a la docencia los postulantes deberán aprobar un examen “que certifique las capacidades y conocimientos adquiridos”.

Segundo, porque los docentes -incluso en cargos titulares- cada cinco años deberán rendir una evaluación para “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes”.

Por esta vía se borra de un plumazo la estabilidad laboral establecida para los docentes titulares, herramienta clave para desterrar todos los derechos instituidos en los estatutos docentes.

Pero para ambas situaciones, la modificación del artículo 78 de la LEN establece que sólo “la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, establecerá los criterios para la evaluación y revalidación de los docentes del sistema educativo”, dejando taxativamente fuera de cualquier control a los gremios docentes.

A su vez, con el agregado al artículo 10 de la actual LEN de que se acordarán condiciones laborales, salario y carrera docente no sólo con el gobierno nacional y el Consejo Federal de educación sino también con las provincias (lo cual es contradictorio), abre la posibilidad de desconocer los acuerdos marco con la burocracia de los sindicatos docentes, lo cual preanuncia la anulación de estos acuerdos de salarios de inicio en la carrera docente hasta hoy vigentes.

Respecto a la situación de las provincias, que ya en el fin de este 2023 están anunciando incumpliendo cronogramas de pagos, todo preanuncia un cuadro muy conflictivo ya desde el inicio del próximo ciclo lectivo 2024.

Resultados públicos de las evaluaciones , educación a distancia, voucherización

El artículo 548 de la ley Milei establece que son objeto de evaluación, mediante pruebas estandarizadas, todas las variables del sistema educativo, tanto las que involucran a la docencia cuanto a los estudiantes y sus condiciones sociales. Pero además define que los resultados de las mismas serán de conocimiento público, para padres y docentes, pero eliminando el resguardo de los resultados que involucran a docentes e instituciones educativas, para que los primeros tengan “acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos”, es decir, para mantener o retirar a las/los alumnos de la escuela y/o exigir cambios o sanciones para los docentes evaluados. Este es uno -no el único- de los principales pilares de la escuelas voucher.

Pero además, la evaluación de los alumnos contará con la instauración de un examen de egreso del nivel secundario que será obligatorio, información a la cual tiene también derecho de conocer el alumno y recibir una certificación del resultado. El examen de egreso secundario es utilizado en la mayoría de los países que lo aplican como un requisito para ingresar a la educación superior, lo cual no está aclarado en el nuevo articulado propuesto por el liberfacho pero que en el futuro podría reglamentarse en ese sentido. El carácter discriminatorio es tan agudo que hasta la derechista pedagoga Guillermina Tiramonti se expresó en contra de este examen.

Lo que sí es seguro es que esto abriría la puerta para que empresas -o incluso universidades- lo pidan como requisito antes de incluir a un joven. El gobierno justifica que la información disponible para quien lo quiera es para tener “buena información para tomar decisiones públicas” (Clarín, 27/12), algo infantilmente falso, porque el ejecutivo es el que tiene en su poder los datos relevados. La implementación será además al margen de docentes y alumnos, potestad exclusiva de futuros acuerdos en el ámbito del Consejo Federal de Educación.

Otra modificación clave en la desintegración de la educación pública es la modificación del artículo 109 de la LEN, por medio de la cual se habilita la educación a distancia desde el segundo ciclo de la educación primaria, “como alternativa a la educación presencial, que podrán impartirse en las distintas modalidades educativas”, que incluye el denominado “homeschoolding” -la educación de les niñes en el hogar, fuera de la educación formal en las escuelas-defendida entre otros por el exministro de educación de Macri en la CABA, Mariano Narodowski-, lo que implica directamente la eliminación de la educación pública, obligatoria y gratuita.

Completa mercantilización de la educación superior

Por último -sin agotar todas las modificaciones- en la sección III de este mamarracho, que llamativamente lleva el nombre de “Universidades Privadas” pero se refiere a la educación superior pública, se establece la completa privatización y desmantelamiento de la enseñanza terciaria y universitaria.

El aspecto más difundido de los cambios en la educación superior es el arancelamiento para los alumnos extranjeros no residentes, una imposición derechista sin justificación, porque representan apenas el 4% de la matrícula universitaria. Pero ese recorte es un aliciente para la mercantilización educativa también en ese nivel, porque habilita intercambios estudiantiles y/o becas vía convenios “con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos o en asociación mutua”. Esto, que parecería un aspecto progresista, es abrir la intervención en la educación superior para los grades pulpos capitalistas de la educación, una de las exigencias de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para ingresar como nación miembro, lo que ha pedido Milei en los últimos días. La Ocde, con 38 Estados integrados, está dominada por los principales países imperialistas del planeta.

Además, se reimplantaría el examen de ingreso si los alumnos optan por no realizar el curso obligatorio de nivelación ( lo que implicaría la desaparición en ciernes del Ciclo Básico Común de la UBA, hoy la unidad académica más numerosa del país).

El financiamiento del Estado nacional a la universidad, por otro lado, se efectuará en función de la matrícula, el tipo de carreras ofrecidas, el número de egresados y por mérito, a partir de evaluaciones “que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. La asignación de recursos se efectuará de manera de que se asegure y se fomente la calidad y la pertinencia de la formación y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Todos al paro y movilización del 24 de enero, para enterrar la motosierra antieducativa

Las y los trabajadores de la educación, los gremios multicolores y antiburocráticos del país, la comunidad educativa, el movimiento estudiantil debemos ponernos en pie, organizarnos y desenvolver un plan de lucha para enterrar más temprano que tarde este engendro reaccionario contra la educación pública, y junto al conjunto de los trabajadores derrotar al DNU y al proyecto de ley ómnibus del gobierno antiobrero.

En esta perspectiva Tribuna Docente convoca a la docencia y al estudiantado combativos y a los sectores movilizados de la comunidad educativa a participar los días 17 y 18 de febrero en el XVI Congreso nacional de tribuna Docente, para organizar un gran movimiento de lucha nacional en defensa de la educación pública.

Fuente : prensaobrera.com