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El criminólogo Enrique Font y el intendente Pablo Javkin protagonizaron un contrapunto en Diputados sobre el tratamiento de la ley “antimafias” enviado por Bullrich. ¿Cuál es el problema de Rosario en materia de delitos y comercio de drogas?

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el magíster en criminología y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font, expusieron esta semana en el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, acerca del proyecto de ley denominado “Antimafia” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, acto del que también participó el ex defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganón. Se trata del debate sobre la reacción legislativa que tuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras los cuatro homicidios de “víctimas inocentes” ocurridos a principios de marzo pasado, que pusieron en jaque el discurso meramente punitivista del Gobierno a poco de asumir, y luego de que fuera baleado también por aquellos días un micro que transportaba a empleados del Servicio Penitenciario local. Aunque con algunos reparos que exhibió como propuestas de modificación, Javkin avaló el trámite parlamentario para la sanción de la norma, que entre otras cosas procura un tratamiento penal que iguala a todos los miembros de una organización criminal, independientemente de las responsabilidades por sus actos, por el sólo hecho de integrarla. Además, el intendente valoró la caída provisoria de hechos de homicidios en el primer cuatrimestre del año en la ciudad que gobierna, lo que le valió que una legisladora de la Coalición Cívica, Mónica Frade, le dijeron que ese dato era demostrativo de la inutilidad de la ley en debate.

Por su parte, Font trazó un diagnóstico de lo que ocurre en la ciudad argentina con mayor tasa de homicidios y afirmó que “Rosario no es un fenómeno clásico de narcotráfico ni de crimen organizado” sino de clanes familiares rústicos que utilizan la violencia en términos expresivos e identitarios más que instrumentales. El académico afirmó que uno de los problemas consiste en la baja tasa de esclarecimiento de los homicidios y que, además, el sistema penal apunta la persecución sobre los autores materiales de los crímenes y no hacia los vínculos que las organizaciones pudieran tener con diferentes actores estatales y del sistema financiero. Lo que le valió la réplica de Javkin, para quien esos argumentos son la mejor justificación para avanzar en la ley “Antimafia”, atento a que permitiría llevar adelante “investigaciones integrales” que escalen en las estructuras delictivas. Para lo cual, vale aclararlo, no existe ningún impedimento normativo en la actualidad y varias causas lo demuestran. Es necesario, sí, ganas de trabajar y compromiso con la tarea.

En anteriores encuentros del plenario de las dos comisiones de Diputados, otros expertos también cuestionaron el texto normativo que Bullrich envió al Congreso, inspirado en la ley RICO de Estados Unidos y en una similar italiana. Las críticas apuntaron a la indefinición sobre “crimen organizado” en el proyecto de ley; el blanqueo de armas de fuego cuando su mercado negro explica buena parte de la violencia callejera; la ausencia de la policía y la política como posibles cómplices de las acciones ilegales de esas organizaciones presuntamente complejas (mafias puramente “privadas”; la no atención al financiamiento y también supuestos defectos de constitucionalidad y posible vulneración de derechos.

Crimen desorganizado

Font fue el primero en exponer, y cuestionó que la norma en discusión apunte a las “mafias”. El proyecto, vale recordarlo, fue elaborado y enviado por el Gobierno luego de definir como “narcoterrorismo” los homicidios de dos taxistas, un colectivero y el playero de una estación de servicios, hechos que derivaron en la paralización de los servicios públicos de la ciudad.

“El anteproyecto que está en discusión no es realmente una ley antimafia, sino que parece ser una ley dirigida a abordar violencia por parte de pandillas o grupos más bien desorganizados que organizados”, sostuvo el criminólogo rosarino.

“No hay realmente un abordaje de los vínculos de esas actividades con actividades económicas legales e ilegales que es lo clásico en el abordaje de crimen organizado. No está eso en la ley”, dijo, para agregar que tampoco “hay casi preocupación por la participación del Estado en el fenómeno del crimen organizado, que es otro elemento clásico de cualquier ley que quiera abordar esa cuestión, ya sea porque las organizaciones criminales penetran instituciones estatales o los actores estatales capitalizan esa situación para meterse en las organizaciones”.

Al igual que otros expertos, Font alertó que en el proyecto en debate en la Cámara baja “tampoco aparece el vínculo con la financiación de la política, que también es clásico en las leyes antimafias” de otras partes del mundo.

Así, pareciera que se trata más de una reacción política a un fenómeno de opinión pública que trascendió las fronteras de la ciudad en la que ocurrieron los hechos, que a una elaborada normativa sobre un asunto realmente existente.  

El profesor trazó ante los diputados un diagnóstico de la situación en Rosario donde, remarcó, no hay “realmente un fenómeno de crimen organizado”. Y se preguntó: “¿Es una anomalía criminal en término de delitos? Sí, sin duda, por la tasa de homicidios que tiene, pero no es un fenómeno que se pueda definir como vinculado al crimen organizado”.

Puntualizó que en otras ciudades de similar magnitud del país también operan mercados de comercio de drogas iguales o más importantes, “pero en ninguno la tasa de homicidios es similar a la de Rosario”, dato que constituye su anomalía.

“No confundir correlato con causa: que haya mercado de drogas y haya homicidios no es que una cosa explique la otra, aunque algunas veces se superpongan”, describió Font.

El criminólogo sostuvo ante los diputados de las dos comisiones reunidas en el plenario que la anomalía rosarina encuentra explicación en otros elementos que conforman el fenómeno criminal.

El de Rosario, dijo, “es un fenómeno de clanes familiares, con fuerte anclaje local, muy rústicos. La violencia es muy poco instrumental. Es una violencia que no sólo está allí para llevar adelante el negocio, sino que precede al negocio y lo que hace es construir identidad y reconocimiento de estas bandas”. Dio como ejemplo el despliegue de la bandera de la banda Los Monos en el partido homenaje a Maxi Rodríguez en el estadio de Newell’s, que no perseguía ningún rédito económico para el comercio de drogas al menudeo, sino que procuraba constituirse como gesto de presencia: “Acá estamos”.

Para Font, entonces, ante fenómenos como el de Rosario, el Estado debe “ser muy sobrio y estratégico” y, sostuvo, eso fue lo que no ocurrió.

“Cuando uno confronta la violencia expresiva como la que sucede en Rosario, no ser sobrio, no ser estratégico, hacer operaciones, amplifica el cartel de estas organizaciones, les brinda más reconocimiento, los invita a participar de una disputa con el Estado y el fenómeno se agrava”.

Ni placebo

Font consideró que la aplicación de la ley en debate en el Congreso “en el mejor de los casos sería inocua, en el peor de los casos sería muy contraproducente”. El criminólogo citó trabajos realizados desde la UNR y estadísticas oficiales para centrar el problema de Rosario en aspectos que no son tenidos en cuenta en la norma “Antimafias”.

“Buena parte del fenómeno de Rosario se explica no tanto por el delito, que es bastante evidente, sino por las características del control del delito: administración de justicia provincial y federal y de las fuerzas de seguridad”, tópicos que no son tenidos en cuenta en el anteproyecto.

Font recordó que la tasa de esclarecimiento de homicidios de la ciudad es muy baja en relación a distritos similares (Buenos Aires y Córdoba); dijo que no existe articulación entre los poderes judiciales locales (MPA) y el fuero federal, que a la vez es remolón; y que la policía santafesina está mal entrenada, poco capacitada y, como característica singular, “no es una policía que sólo habilite el delito, sino que trabaja para las bandas. La policía de Santa Fe está cuentapropizada” en distintos segmentos de su estructura, por grupos que operan en forma individual y no institucional.

En cuanto al MPA, Font dijo que “Rosario es una jurisdicción donde hay impunidad para los homicidios” porque mientras “Buenos Aires esclarece 9 de cada 10 homicidios, hoy en Rosario la tasa es de 6 de cada 10”. Y agregó: “Esclarecer teniendo al gatillero no es esclarecer el homicidio, es tener al autor material”, si se trata, como en la ciudad, de cierta preeminencia de crímenes por encargo.

Vamos las bandas

“La primera pregunta a hacer es si es necesario o no una ley que tome al crimen organizado con sus bandas en su integralidad. La respuesta es sí”, abrió su exposición, por videoconferencia, el intendente Javkin. Y utilizó los argumentos de Font para pedir la aprobación de la norma.

Dijo que “el conjunto de la argumentación la hizo el profesor Font. Precisamente, la descripción que él hizo de cómo se tramitan las causas, fundamentalmente en el fuero federal, de la fragmentación de los hechos, de la concentración de la resolución de los hechos sólo sobre las personas que intervienen materialmente en el delito, no con quienes lo financian o lo organizan, es la mejor justificación para incorporar a nuestra legislación una ley que cambie el modo de investigar”.

Así, para Javkin “la investigación integral sobre la operación de las bandas, su financiamiento, su organización y la utilización luego de personas para la autoría material, requiere una norma como esta”.

Luego, el Intendente centró sus argumentos en un tema que es recurrente en su narrativa pública: los delitos pergeñados desde las unidades penitenciarias.

“Cuando uno ve los esclarecimientos no situados en las autorías materiales sino, por ejemplo, en los hechos que sucedieron en la ciudad en marzo. ¿Qué pasa cuando una banda criminal carcelaria desafía al Estado, particularmente tratando de eliminar el funcionamiento de los servicios públicos de la ciudad?”, como sucedió en marzo pasado.

“¿Qué vemos ahí? Autoría material de menores, como se decía acá con mucha improvisación. Pero luego, cuando se escala en la autoría intelectual, en quién provee armas y dinero, qué se hace con ese dinero, siempre la derivación termina en personas muy reconocidas de liderazgo de bandas criminales que están cumpliendo penas de prisión”, dijo, utilizando un ejemplo en contra de su argumentación, porque esa causa demuestra que sin ley antimafias, el MPA puede escalar en la investigación de las autorías mediatas o intelectuales de los crímenes.

“Nuestro mecanismo legal no contempla la persecución al conjunto de las bandas organizadas. Entonces sólo se concentra en la autoría materiales, porque no los investigamos como bandas”, abundó el alcalde rosarino.

Varias investigaciones de la Procunar (Procuraduría contra el Narcotráfico) se iniciaron con la pesquisa de un búnker de venta de drogas ilícitas al menudeo y treparon hasta la cima de las organizaciones. La que terminó en la condena de Delfín Zacarías y su enorme cocina de cocaína en una casa quinta de Funes; o la que encontró la relación entre los estupefacientes que se vendían en un búnker de Villa Banana y el cambio de pesos por dólares ilegales del jefe narco Julio Andrés Rodríguez en la financiera de Gustavo Shanahan, ex directivo de la empresa que explotó los muelles del Puerto de Rosario.

Con cambios

Si bien se mostró a favor de que el Estado disponga de una ley “antimafias”, el Intendente señaló que “deberíamos poder incorporar a aquellos actores estatales que terminan perteneciendo a estas bandas, tanto fuerzas de seguridad, como cualquier otra complicidad de actores estatales, porque evidentemente, estas bandas son mixtas, con participación de agentes desleales”.

Además, sostuvo que “es fundamental la extinción de dominio veloz” para avanzar en la quita del patrimonio de las organizaciones criminales, a modo de desfinanciamiento y reducción de su poder económico.

Luego, el jefe político local planteó sobre el proyecto en debate que “podría decirse que esto es poner la misma pena al autor material que al intelectual, y podría aumentar la selectividad del sistema penal. Pero hoy lo que sucede es al revés, las causas sólo están involucrando a los autores materiales, no a los intelectuales”.

“Eso –remarcó- fundamenta la posibilidad de la ley”. También insistió en reforzar los controles penitenciarios, lugares desde donde se organiza parte del delito callejero. Y señaló “con la prudencia y la provisoriedad que esto implica”, que en el primer cuatrimestre del año descendió significativamente la tasa de homicidios en Rosario en relación al año anterior, lo que adjudicó a las restricciones impuestas a los presos calificados como de “alto perfil” en los penales provinciales y federales. Argumento que, como se dijo, contraría la necesidad de una nueva norma.

Incluso, para Font, la aplicación de la norma que pretende el Ejecutivo nacional podría arrojar como resultado un incremento de población carcelaria, que ya atesta a las unidades penitenciarias.

“Yo sé que para mucha gente no cumplir las convenciones internacionales y los derechos de los presos no es un problema, pero es un problema de seguridad. Porque cuando no podés manejar una cárcel, cuando hay poco personal, cuando hay sobrepoblación, se arma un fenómeno muy claro: se delega autoridad, se arma un autogobierno” de las prisiones.

“Si estamos preocupados por la consolidación de bandas y violencias, hay que tener en cuenta que las facciones en Brasil, las maras centroamericanas, se consolidaron en lugares de delegación de autoridad y autogobierno en las cárceles”, sostuvo el criminólogo, para concluir: “Prestemos atención, si no es por un problema de derechos humanos, por un tema de violencia, a la situación de las cárceles”.
 

Fuente : redaccionrosario.com