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La organización, a través de placas informativas y una declaración, comunicó la síntesis del debate de base realizado en la Asamblea de vivienda, con respecto a qué puntos deberían considerarse para un programa de Alquiler social. Un tope del 20% del salario, prioridad de ingreso a familias y personas con riesgo de desalojo y en situación de calle, familias monomarentales y personas que atraviesan violencia de género, en especial con niños, y la incorporación de tierra e inmuebles ociosos, los principales puntos. Por ANRed.

Desde el colectivo, demandan que se reglamente el apartado de Alquiler social presente en la Ley de alquileres, sancionada en junio del año pasado. A su ve, consideran que las organizaciones sociales deben ser parte del debate y el control del programa, al ser quienes día a día enfrentan desalojos, organizándonse en hoteles, pensiones y villas, resistiendo en las recuperaciones de tierras e inmuebles. Y advierten que No aceptamos la cantidad de tierra y vivienda ociosa crece al ritmo que aumenta también la cantidad de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. En su comunicado, afirman que en el marco de la crisis social, económica y sanitaria que atraviesa el mundo entero a causa de la incapacidad del capitalismo de dar respuesta a las necesidades de las grandes mayorías (menos aun en pandemia), es fundamental echar a andar herramientas que garanticen a les trabajadores sus derechos.

A fines de 2020 el aumento anual de los alquileres fue de un 62% promedio, muy por encima de los salarios y en un contexto de aumento de la desocupación y la precarización laboral. Sumado a esto, medidas como el DNU 320 sólo cubrieron a inquilinos formales de ser desalojados y sufrir aumentos de alquiler. Pero la gran masa de inquilinas y habitantes informales quedó afuera, muchos de les cuales han sido desalojados en plena pandemia y enfrentan ahora una ola de desalojos ante la no extensión de dicha medida. Además, las condiciones actuales de ingreso al «circuito formal» de alquileres son expulsivas para una gran parte de les trabajadores, producto de la visión imperante de la tierra y la vivienda como negocios y no como derechos. Sumado a esto, desde las Consejerías analizan que falta de un verdadero plan de viviendas y acceso al crédito para les más precarizadas, y que como consecuencia de esto se genera una creciente inquilinización que se lleva de por vida un 40% de los salarios de las y los trabajadores. «Exigimos que Fernández y Ferraresi den curso a las necesidades reales del creciente sector de inquilinas precarizadas que se encuentran hoy en emergencia habitacional a costa del negocio de unos pocos.», advierten, a la vez que comunican la presentación de su propuesta para Alquiler social al Ministerio de desarrollo territorial y habitat de Nación, así como al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) en CABA.

Propone, finalmente, debatir y acompañar estas propuestas desde todo el campo popular, como una herramienta de lucha. Y que si bien no se puede considerar a un programa de Alquiler social como una solución habitacional digna y definitiva, es un debate en el que exigen estar presentes, para no dejarlo sólo en manos del estado y especuladores.

Para ver las placas con los puntos centrales de la propuesta –> https://www.facebook.com/consejeriasdevivienda/posts/2851772521804770

Fuente :

anred.org