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La dictadura cívico-militar que marcó a fuego a la Argentina desde el 24 de marzo de 1976 no sólo dejó muerte a su paso, también una pesada herencia económica que 45 años después está más viva que nunca. Entre las muchas “leyes” establecidas en esos años de plomo, hay dos aún vigentes que tienen profundo impacto económico en nuestro país. Una es la ley que regula las actividades financieras en Argentina y la otra la que regula, facilita y protege las inversiones extranjeras en el país.

La ley 21526, “ley de entidades financieras”, es un legado del primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, sancionada, irónicamente, el día de los enamorados de 1977 (14 de febrero). Este texto regula el funcionamiento de “las personas o entidades privadas o públicas oficiales o mixtas de la Nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros”. Es decir, que la administración del ahorro y crédito de la Argentina es guiada por un texto diseñado por quien probablemente le haya hecho más daño económico al país en su historia y bajo el paraguas institucional de una dictadura sangrienta.

Que en estos 44 años ningún gobierno haya reemplazado ese texto explica en gran medida por qué el sistema financiero argentino ha funcionado, durante más de cuatro décadas, como un caro parásito de nuestra economía y no como un motor para el crédito y el desarrollo. Y cuando señalo este sistema me refiero a bancos de capitales nacionales pero mucho más aún a los bancos internacionales, que con esa ley han contado con patente de corso para saquear los recursos financieros de nuestro país por cuenta propia o facilitando la fuga de capitales de sus clientes.

Y para ello no sólo ha sido funcional el texto de la ley marco sino un Banco Central que también fue creado durante una dictadura, en 1935, y que ideológicamente está cooptado por las mismas ideas que impulsó Martínez de Hoz en 1977. En las excepcionales y esporádicas situaciones en que el Banco Central fue administrado por autoridades que pretendían lograr que el sistema financiero argentino dejara su rol parasitario y depredador, el corset de la ley 21.526 y la burocracia estable del organismo se encargaban de evitar cualquier cambio de rumbo apreciable.

Es que al abrigo de esa ley, el sistema financiero argentino ha estado manejado por unos pocos bancos extranjeros mientras que la estructura del BCRA, apoyada por esos bancos, se las arregló para mantener vivas las influencias y lineamientos de los banqueros ingleses que fueron artífices clave de su fundación original.

Extranjerización

En el caso de la ley 21382, otro legado de Martínez de Hoz, que regula y, sobre todo, protege a las inversiones extranjeras, la dictadura cívico-militar no demoró tanto para su sanción. Fiel a su perspectiva de entrega del país y depredación del sistema productivo, a menos de cinco meses de tomado el poder por las armas, sancionó una ley que le daba vía libre al desembarco indiscriminado y a la extranjerización salvaje del sistema productivo a manos de las incipientes multinacionales extranjeras. Como si eso fuera poco, se les daban garantías de trato igualitario con la inversión nacional y trato inmejorable desde el punto de vista fiscal, financiero y cambiario.

La extranjerización de sectores clave de la economía argentina derivada de esa ley tiene consecuencias gravísimas sobre las posibilidades de desarrollo de nuestro país hasta nuestros días y fue complementada con las medidas extranjerizantes de la década privatizadora y desreguladora menemista. En este caso sí se hicieron reformas a la ley de la dictadura, ya que para implementar la entrega de los sectores y empresas clave que aún estaban en manos del Estado, la ley de emergencia económica, 23697 de 1989, amplió los beneficios y posibilidades de acceso para la inversión extranjera.

Esta reforma menemista, que claramente lejos de revertir el legado de Martínez de Hoz lo empeoró, reforzó las posibilidades extorsivas del sistema productivo concentrado actual para con cualquier gobierno que quiera alterar sus intereses o prebendas históricas.

Camino inverso

Una cosa debe quedar clara: los países más desarrollados del mundo, para llegar a ese estadío, han recorrido un camino inverso al recorrido por Argentina con esas dos leyes de la dictadura cívico-militar del 76 o con las medidas de la década menemista. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón o Corea del Sur, para llegar a desarrollarse primero protegieron y reservaron su mercado interno, tanto desde el punto de vista comercial como financiero y de propiedad de los medios de producción.

También, estos países promovieron la canalización de su ahorro interno hacia la inversión y sobre todo pusieron restricciones al acceso del capital extranjero en sectores clave para el desarrollo industrial y de servicios.

El caso de China es una muestra de cómo incluso se puede administrar el ingreso de inversiones extranjeras pero supeditadas a asociaciones con capitales nacionales y transferencias de tecnología. Ese camino llevó a que China sea hoy la potencia que puja por la preponderancia mundial y lleve incluso la delantera en sectores tecnológicos clave para el futuro.

Derogación impostergable

Por eso, que estas dos leyes clave no hayan sido modificadas en 44 años de democracia puede obedecer en algunos casos a la falta de fuerza/número suficiente en el Congreso o a la complicidad con quienes se benefician del status quo. Es posible entonces entender por qué varios de los gobiernos que hemos tenido desde el regreso de la democracia en 1983 no modificaron estas leyes (o lo hicieron para peor).

Lo que se hace difícil es entender por qué no lo hizo el gobierno de CFK, que tuvo mayoría holgada en ambas cámaras y encarnó un proyecto de país que dio señales claras de priorizar a los trabajadores y a la producción por sobre la timba financiera y el capital concentrado.

Los cuatro años de macrismo mostraron cómo el reparto de la “torta” de ingresos y riqueza puede desplazarse veloz y salvajemente desde los trabajadores hacia el capital y en especial hacia los capitales especulativos y concentrados (1).

Después de aquella experiencia parece no haber margen para que el Frente de Todos postergue el reemplazo de esas leyes nefastas de la dictadura firmadas por el inefable Martínez de Hoz. Tal vez una de las maneras de obtener los votos necesarios para esa gran deuda pendiente sea llegar a las elecciones legislativas de este año 2021 enarbolando como bandera la derogación de esas anclas al desarrollo de un proyecto de Patria Grande para la Argentina y su reemplazo por instrumentos legales que impulsen y posibiliten ese país. Eso dejaría claro en el cuarto oscuro qué se puede esperar de este lado de la grieta y qué del otro.  

(1) Que en su discurso de asunción de la presidencia del PJ el mandatario Alberto Fernández limitara esa puja distributiva a los trabajadores y “los que arriesgan como empresarios”, no evita que los grandes ganadores de la misma durante la pandemia macrista, la dictadura cívico-militar y la década menemista, no pertenezcan a ninguno de esos dos grupos, sino al capital financiero especulativo y al capital “productivo” concentrado “nacional” y extranjero, que lejos están de asumir riesgos. Esta omisión de beneficiarios de porciones tan relevantes de la “torta” de ingresos podría poner cierta cuota de pesimismo a la hora de esperar que se impulse la derogación de las dos leyes descritas en este texto, sin embargo siempre puede atribuirse la ausencia a un olvido.

* Licenciado en Economía, profesor de Macroeconomía, ex asesor de presidencias de BCRA, UIF, Banco Nación y Comisión Pyme de la Cámara de Diputados de la Nación. Ex consejero en el Consejo Asesor de la Afip. Twitter: @juanvalerdieco

Fuente :

redaccionrosario.com