Los grupos de tutorías y coordinaciones de la capacitación de la Ley Micaela acusaron al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de no renovar contrataciones a 55 personas. El miércoles habrá conferencia de prensa en La Toma.
Las y los trabajadores de tutorías y coordinaciones de la capacitación en género y diversidad de la Ley Micaela implementada por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe manifestaron el “más enérgico repudio a la decisión de no renovación de las contrataciones que enmarcan nuestras funciones y sostuvieron la labor de 55 personas durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023; como así también el modo en que se nos informó esta decisión”.
Según indicaron en un comunicado, desde la cartera de género santafesina les informaron a fines de 2022 que el programa de tutorías y coordinaciones se extendería hasta finales de este año “con una actualización en el mes de julio con ajuste remunerativo que evite la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”. Sin embargo, denunciaron que “a pesar de lo previamente pactado, nos informaron el viernes 2/6 vía correo electrónico que nuestros contratos no serían renovados a partir de julio”.
“La modalidad de contratación fue siempre precaria, bajo la figura de «becarix», la cual encubre una relación laboral no asumida por el Estado Provincial. La falta de aviso con anticipación de nuestra posible desvinculación, se da en el marco de un proceso de lucha que recientemente iniciamos por el pase a planta permanente”, cuestionaron.
Las y los trabajadores del sector agregaron que a esta situación “se suman otras condiciones precarias: baja retribución económica, resoluciones de continuidad semestrales, comunicaciones ineficientes, progresiva sobrecarga de labor que no tenían un correlato con la cantidad de horas adjudicadas ni la remuneración de las mismas, entre otras”.
“Considerando el hecho de que la mayor parte de tutores y coordinadores somos mujeres y disidencias, resulta insoslayable señalar que todo lo anteriormente mencionado constituye una práctica de reproducción de los mismos procesos de feminización de la pobreza, profundización de las desigualdades y violencias por motivos de género que paradójicamente con estas políticas públicas se dicen querer erradicar desde el Ministerio”, remarcaron.
En el escrito, alteraron que “la eliminación del trabajo humano, la desvalorización de una tarea tan delicada y que implicó la lucha de tantas mujeres y disidencias en el marco de Ni Una Menos, es un síntoma claro de un gobierno que pretende descartar como variable de ajuste a lxs trabajadores que nos desempeñamos para garantizar derechos y políticas públicas con perspectiva de género”.
“La institucionalización de esta política requiere la continuidad y formalización de las condiciones laborales de lxs trabajadorxs que sostenemos esta tarea. De otra forma, es solo discurso y no políticas reales y concretas”, cierra el comunicado, en el que piden la continuidad laboral y anuncian una conferencia de prensa, este miércoles a las 10.30, en el Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349).
Desde los grupos de tutorías y coordinaciones de la Capacitación en Género y Diversidad de la Ley Micaela implementada por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión de no renovación de las contrataciones que enmarcan nuestras funciones y sostuvieron la labor de 55 personas durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023; como así también el modo en que se nos informó esta decisión.
A fines del año 2022, responsables del área de capacitación en Ley Micaela del Ministerio nos aseguraron que el programa de tutorías y coordinaciones se extendería hasta finales del presente año, con una actualización en el mes de julio con ajuste remunerativo que evite la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Sin embargo, a pesar de lo previamente pactado, nos informaron el viernes 2/6 vía correo electrónico que nuestros contratos no serían renovados a partir de julio.
En dicha comunicación, también nos enteramos de que, de ahora en más, toda la oferta de capacitación en Ley Micaela obligatoria se realizará a través de la modalidad no tutorada desarrollada junto a FLACSO (sic).
Cabe destacar que ingresamos a realizar esta tarea por medio de una convocatoria pública, luego de la cual se constituye un órden de mérito que pondera nuestra formación profesional y académica, y otros antecedentes específicos vinculados a la Perspectiva de Género. Esta modalidad se extendió a trabajadorxs que ya venían de otras líneas de capacitación en Ley Micaela y que debieron inscribirse a esta convocatoria, demostrando con documentación la capacidad de llevar adelante el trabajo que venían desarrollando desde dos años antes, a fines de mantener la continuidad laboral que no estaba garantizada.
La modalidad de contratación fue siempre precaria, bajo la figura de “becarixs”, la cual encubre una relación laboral no asumida por el Estado Provincial. La falta de aviso con anticipación de nuestra posible desvinculación, se da en el marco de un proceso de lucha que recientemente iniciamos por el pase a planta permanente, de acuerdo a lo estipulado en el decreto 0641/2023.
A ello se suman otras condiciones precarias: baja retribución económica, resoluciones de continuidad semestrales, comunicaciones ineficientes, progresiva sobrecarga de labor que no tenían un correlato con la cantidad de horas adjudicadas ni la remuneración de las mismas, entre otras.
Considerando el hecho de que la mayor parte de tutorxs y coordinadorxs somos mujeres y disidencias, resulta insoslayable señalar que todo lo anteriormente mencionado constituye una práctica de reproducción de los mismos procesos de feminización de la pobreza, profundización de las desigualdades y violencias por motivos de género que paradójicamente con estas políticas públicas se dicen querer erradicar desde el Ministerio.
Sostenemos que las capacitaciones deben ser llevadas adelante a partir de un acompañamiento entre personas que construyan un vínculo pedagógico en el cual se ofrezca un espacio para las dudas, el debate, el intercambio dialéctico, la reflexión, y la contención de trabajadorxs cursantes que expresaron situaciones personales de violencias y discriminaciones padecidas. Cuestiones estas que no pueden ser dadas a través de plataformas automáticas. Consideramos a esto un posicionamiento ético ineludible y no negociable.
La eliminación del trabajo humano, la desvalorización de una tarea tan delicada y que implicó la lucha de tantas mujeres y disidencias en el marco de #NiUnaMenos, es un síntoma claro de un gobierno que pretende descartar como variable de ajuste a lxs trabajadorxs que nos desempeñamos para garantizar derechos y políticas públicas con perspectiva de género.
A ocho años del grito de #NiUnaMenos, día en que se visibiliza la lucha por una sociedad libre de violencias sexistas y considerando que seguimos habitando un país en el que hay un femicidio cada 31 horas, levantamos la bandera que Micaela García nos dejó para reivindicar la importancia de reforzar las acciones de prevención y promoción de derechos: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESTA POLÍTICA REQUIERE LA CONTINUIDAD Y FORMALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LXS TRABAJADORXS QUE SOSTENEMOS ESTA TAREA. DE OTRA FORMA, ES SOLO DISCURSO Y NO POLÍTICAS REALES Y CONCRETAS.
Por todo lo mencionado anteriormente, EXIGIMOS AL GOBIERNO PROVINCIAL Y SUS RESPONSABLES POLÍTICXS:
– Continuidad de lxs 55 trabajadorxs desvinculadxs de las capacitaciones Ley Micaela en la provincia de Santa Fe luego del 30/06
– Continuidad de la línea de implementación de capacitaciones con tutorxs y coordinadorxs
– Pase a planta permanente en el marco del decreto 0641/2023 ¡CON TRABAJADORXS PRECARIZADXS Y UN ESTADO QUE AJUSTA EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO NO HAY #NiUnaMenos!
Fuente : redaccionrosario.com
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!