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Jae C. Hong / AP

Vanessa Bryant, viuda del basquetbolista, deberá ser indemnizada por el condado de Los Ángeles con 16 millones de dólares, mientras que Chris Chester, cuya esposa e hija murieron en el siniestro, recibirá 15 millones de dólares.

Un jurado ordenó este miércoles al condado de Los Ángeles pagar 31 millones de dólares por los daños emocionales causados por las imágenes que varios de sus oficiales difundieron del siniestro del 29 de enero de 2020 que se cobró la vida de la estrella de la NBA Kobe Bryant, su hija y otras siete personas, informaron medios locales.

De acuerdo con la decisión, tras un juicio de 11 días, Vanessa Bryant, viuda del basquetbolista, deberá ser indemnizada con 16 millones de dólares, mientras que Chris Chester, cuya esposa e hija murieron en el accidente, recibirá 15 millones de dólares. Ambos habían entablado una demanda en 2020 después de que una investigación del diario Times expusiera que cuatro agentes habían tomado fotos con sus teléfonos en las que se veían los cuerpos de Kobe Bryant y de las demás personas que fallecieron en la tragedia. Imágenes que después mostraron en un bar.

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Después de casi cinco horas de deliberación, el jurado determinó que la oficina del sheriff del condado y el departamento de Bomberos habían violado los derechos constitucionales de Bryant y Chester. La defensa aseguró que la difusión de las imágenes se controló y que nunca se publicaron en línea ni llegaron a los medios. También alegó que las fotografías no fueron ni vistas por las familias de las víctimas. Además, los abogados argumentaron que había razones legítimas para que los socorristas las tomaran como medio de apoyo para determinar el tamaño del lugar del accidente y decidir qué recursos se necesitaban.

Por otro lado, los abogados de los demandantes objetaron que se desconoce hasta qué punto se difundieron las fotografías porque el condado no investigó a fondo. No fue hasta que la mayoría de los agentes involucrados recibieron nuevos teléfonos, que los funcionarios contrataron una empresa para realizar un examen forense de los dispositivos.

Finalmente, el veredicto determinó que la oficina del sheriff y el departamento de Bomberos no tenían la suficiente capacitación ni las políticas adecuadas para evitar que sus empleados tomaran y compartieran fotografías de los cadáveres sin un propósito legítimo, una costumbre que al parecer practicaban desde hacía tiempo.

Fuente :

actualidad.rt.com