DiarioAr

Traigo a reflexión dos casos de lucha social reciente que tienen en común enfrentar la corrupción y la impunidad desde diferentes perspectivas histórica, política, económica y psicosocial.  El papel de los pueblos indígenas y de las autoridades ancestrales en la coyuntura post electoral de Guatemala (2023 y 2024) y la violencia transnacional de carácter estructural en el Municipio de Tocoa, en la Costa Atlántica de Honduras por el despojo de la extracción minera y las fuentes de agua.

Ambos casos contienen elementos de disidencia y rebelión desarrollada en varios escenarios de lucha social, política y judicial contra la corrupción y la impunidad. En Guatemala el levantamiento de la población fue protagonizado y liderado desde las poblaciones indígenas, con la participación de mestizos y garífunas en una resistencia contrahegemónica. En Honduras, el protagonismo de la lucha antiextractiva es protagonizado por mestizos y garífunas e indígenas Pechs.  En suma, una rebelión de los pueblos para defender sus patrimonios como ciudadanía activa, ya sea para evitar la manipulación del voto o el saqueo de los recursos naturales en sus territorios.

Realidades guatemaltecas desdibujadas por la corrupción y la impunidad

Guatemala después de sus elecciones generales en junio 2023, vivió entre octubre y noviembre del mismo año un amplio proceso colectivo de lucha ciudadana contra la corrupción y la impunidad. Este proceso fue liderado por los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales que se organizaron y resistieron durante más de 50 días, exigiendo el respeto al resultado electoral democrático, rechazado por sectores de una clase política acostumbrada al saqueo y la extorsión de un estado cooptado por y para sus intereses, fundamentalmente con los últimos tres gobiernos (Gral. Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Dr. Giammatei).

El resultado electoral había expresado un “ya basta” de la población ante una corrupción generalizada que se cobraba victimas continuamente. La exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack había denunciado en repetidas ocasiones que la corrupción significaba muertes prevenibles e ignorancia manipulable en muchos campos. Muertes sin sentido que fueron minando la confianza y credibilidad ciudadana en la clase política y en el quehacer político, al punto del descrédito convertido en chirigota nacional. Ese fue el sentido del cuento irónico del principito que lo quería todo, representando las ambiciones personales inagotables de la pareja sentimental del ex gobernante anterior (Gammatei). Cuento que le costó al periodista Rubén Zamora sufrir más de 800 días de prisión política preventiva con vejaciones y prácticas de tortura documentadas en el informe de un experto internacional. Un castigo arbitrario e ilegal cuya finalidad es establecer el precedente judicial de lo que te puede ocurrir en Guatemala por ejercer la oposición critica.

El pacto de corruptos, que representa a esa clase política ampliamente corrompida que rechaza el resultado electoral que dio el voto a Bernardo Arévalo, no solo responde a sus intereses de poder, también contribuye a un debilitamiento y deslegitimación del Estado nacional, porque el saqueo vacía los recursos públicos impidiendo desarrollar las políticas consiguientes. Las denuncias del gobierno actual no cesan de señalar y denunciar escándalos de corrupción en todos los Ministerios con el último gobierno. En consecuencia el Estado se desregula, afectando los servicios que protegen a las personas vulnerables y exonerando el alcance de los derechos que se han ido consiguiendo.

Corrupción e Impunidad son dos caras de un mismo sistema de poderes. Su interrelación es visible en la cooptación actual del sistema de justicia, que está liberando y absolviendo a los políticos, empresarios y funcionarios que habían sido juzgados y sentenciados por corrupciones escandalosas en los tribunales de Alto Riesgo, con jueces y fiscales dispuestos a perseguir judicialmente estos casos de corrupción multimillonaria que han saqueado las arcas públicas. Se contaba entonces con el auspicio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, cuya intervención fue tan efectiva que lograron desmantelarla antes de concluir su mandato oficial en 2019.  Duró 13 años.

Lo que hoy descubrimos atónitos es que las redes de corrupción e impunidad tienen una complejidad y un entrelazamiento tan profundo y tan enquistado en la dinámica del Estado, que necesariamente lleva muchos años articulándose, no es un esfuerzo coyuntural inmediatista y de corto alcance. Tampoco sus responsables son actores desconocidos en muchos estamentos de la sociedad, pero probablemente si han sido subestimados en su poder y capacidad de manipulación y engaño.

La impunidad explica el profundo descrédito y desencanto de la Sociedad hacia la política. Esto resiente la confianza ciudadana en la política como herramienta de gobierno y base de la convivencia social. Para algunas personas que en su día creyeron y lucharon por un estado benefactor, también profundiza el deseo y la decisión de buscar cómo vivir en las orillas y al margen del Estado, todo lo que sea posible.

Esta brecha instalada en muchos sectores ciudadanos es aprovechada y celebrada por las políticas neoliberales, que mientras mantengan el dominio mercantil de la vida de todos y todas, bienvenidas sean las decepciones y desengaños que contribuyen a deslegitimar el gobierno del Estado.

Desde las necesidades a las libertades

La lucha de los jueces, fiscales, periodistas, activistas, académicos, defensores que se habían involucrado en el desmantelamiento de muchos casos de corrupción e impunidad están hoy en el exilio o han pagado su osadía con una cárcel preventiva, que ha excedido los límites de lo intolerable y de lo humanamente aguantable (José Rubén Zamora, Estuardo Campos, Ligia Hernández, Virginia Laparra…) .

El coste de estas presiones infames hace que algunos de los detenidos acepten los cargos imputados a cambio de medidas sustitutivas. El listado de los opositores perseguidos continúa hasta el insólito número de 113 detenidos preventivamente, es decir, por si acaso se fugan del país según datos de una investigación reciente de Plaza Pública. A estas alturas ¿cómo dudar de que la persecución judicial en Guatemala tiene la intención de desbaratar mediante la condena penal, cualquier tipo de oposición y de crítica social?

A la fecha ni tan siquiera informes de monitoreo internacional de la Justicia como el de la Organización de Estados Americanos en septiembre de 2024 o de la Relatoría de Justicia de la Organización de Naciones Unidas han sido capaces de impedir el uso abusivo y discriminador de la detención arbitraria. Tal y como dictaminaron los jueces internacionales se discrimina la libertad de pensamiento, eliminando la oposición mediante el uso abusivo e irracional del derecho penal.

¿Cómo creer en el valor de la Justicia cuando la ley llega a ser tan profundamente injusta?, es lo que mucha gente se pregunta hoy. Esta desconfianza básica emerge ante esta impunidad tan arraigada y enquistada e inagotablemente perversa. Habiéndose desbordado la percepción inicial de que es inevitable.... se han superado los límites de lo creíble, convirtiendo la política en un espectáculo de entretenimiento y banalización de la vida en común.

Se politiza la justicia al judicializar la política, alterando todos los supuestos que amparan valores y nos protegen de la arbitrariedad del Estado, alterando las garantías que impiden el abuso de la ley. Es decir, se rompe la presunción de inocencia y se impone la persecución arbitraria. En consecuencia, volvemos a vivir el miedo a pensar diferente y a defender libremente lo que pensamos y creemos.

No es tan banal dejar de creer en la legitimidad de la ley y la justicia, porque a la larga erosiona ese edificio de la Justicia, sin el cual se fracturan aún más las reglas que rigen la convivencia humana en democracia. La injusticia en el caso de Guatemala que presentamos, ha significado la estructuración de un golpe de estado de larga duración que continúa intentando deslegitimar e ilegalizar el resultado electoral que llevo al Gobierno de Bernardo Arévalo.

La persecución judicial hoy a la libertad de pensamiento y de expresión, sea en los funcionarios y operadores públicos y también en la sociedad civil, forma parte de un proyecto político de renovación autoritaria. El miedo y el terror a escala social es parte del ensayo para someter, doblegar y amordazar a quienes estén en contra de dicho proyecto, más allá de que estén o no estén organizados.

Jaque mate a la soberanía nacional de los territorios extractivos en Honduras

Pareciera estar en jaque la soberanía nacional de algunos países como Honduras, frente a los proyectos transnacionales que se han repartido la explotación de los recursos naturales del planeta.

Las zonas especiales de desarrollo económico (Zedes) cobran importancia porque gestionan sus recursos locales al margen o contrariamente a las políticas nacionales. Pero no las gestionan para generar desarrollo local autónomo sino para responder a intereses corporativos transnacionales en alianza con poderes oligárquicos locales. Es lo que está sucediendo con muchos de los megaproyectos en la costa atlántica que incluyen el expolio del agua de los ríos y la extracción minera en Parques Naturales.

El caso de referencia aquí es la lucha anti extractiva en el Municipio de Tocoa. Esta se origina a inicios de los años noventa con la instalación de la empresa de extracción minera Inversión Los Pinares, en la Reserva Natural protegida Carlos Escalera. La empresa minera extrae dióxido de hierro. Pero esta Compañía constituye un entramado de diversas empresas conectadas entre sí para articular el expolio del mineral y el agua para producir pellets con el hierro extraído.

De esa cuenta, un tramo de tres kilómetros del rio Guapinol fue vaciado de su caudal y desviado para el almacenamiento del agua en depósitos de la empresa peletizadora instalada a la orilla del rio Guapinol, que fabrica los pellets de hierro, propiedad del mismo entramado empresarial.

En mayo 2023, la comunidad de Guapinol con sus amplias casas a la orilla del rio se quedó sin agua. Lo que significo vivir sin ella, dejo de ser una amenaza potencial para vivirse como una realidad angustiosa del día a día.

¿Por qué es importante esta zona especial de desarrollo económico?  El enclave histórico del Municipio de Tocoa se ubica en una ruta en disputa por intereses múltiples. Atraviesa la región del Aguan que constituye un territorio histórico de producción extractiva e intensiva, colonizado en los años 50 y 60 por las Cooperativas de la Reforma Agraria. Hoy la producción agraria es de aceite de palma y la colonización contribuyo a un desarrollo con crecimiento económico en el que se puede observar la transición de un campesinado sin tierra a la evolución de familias agricultoras con disposición de tierra y con una fuerte organización cooperativa, traducida en un amplio movimiento social agrario.

La presencia transnacional a través de Corporaciones como el Grupo EMCO y su pertenencia a entramados complejos como NUKOR que incluyen entre sus socios a Inversión los Pinares, ha generado un desarrollo comercial con una distribución internacional del reparto de los recursos naturales extraídos, interconectado con megaproyectos en la zona que incluyen el tráfico de ilícitos, armas y personas por la ruta atlántica, grandes obras portuarias, cruceros turísticos, extracción de minerales, agua de los ríos y el expolio de tierras garífunas situadas a la orilla de la costa atlántica. En suma, la costa atlántica de Honduras representa un territorio codiciado por la voracidad extractiva, que multiplica sus conflictos por el impacto de múltiples intereses de gran escala.

Para la observación ciudadana, era insólito el crecimiento exponencial de la cabecera municipal de Tocoa en los dos últimos años. Mes a mes surgían grandes edificaciones opacas hacia el exterior, el tráfico pesado de tráileres inundaba avenidas de crecimiento desarticulado. Tocoa es una ciudad en expansión comercial sin centro urbano.

La política municipal está altamente corrompida y su alcalde es objeto de múltiples denuncias nacionales e internacionales por su alianza con poderes locales opacos, al igual que se señala a la Fiscalía de Tocoa y a los Tribunales de La Ceiba de ser responsables de una larga persecución judicial a dirigentes sociales y agrarios y a defensores ambientales y de derechos humanos. La población, por su mismo origen colonizador es aguerrida y defiende sus intereses agrarios. El politólogo hondureño Ismael Moreno (2022), radiografía históricamente las múltiples luchas que caracterizan el Valle del Aguan y lo describe como un territorio emblemático para los movimientos sociales y las luchas políticas que persisten.

Desafíos históricos y reparaciones pendientes

Honduras como territorio en conflicto muestra una realidad históricamente reconocida: que todas las guerras en el mundo se originan por la disputa de los recursos naturales. Sin embargo, el expolio actual trasciende los conflictos dentro de los países o entre varios de ellos, para ser parte de un expolio transnacional globalizado, que va más allá del control de los habitantes de un territorio.

Esta percepción pone en una encrucijada las estrategias de defensa de los territorios porque los desafíos que se enfrentan trascienden las dimensiones territoriales de estas luchas. Para hacer frente a la voracidad transnacional extractiva son precisas alianzas amplias de los territorios incluyendo a todos los habitantes que sobreviven en él. Además, se necesitan respaldos nacionales e internacionales y la tendencia hoy es a forjar resistencias globales de bloques que aglutinen varias luchas similares.

El acompañamiento y el respaldo nacional e internacional así como la decisión unánime de la población afectada generaron una participación masiva en la consulta popular de diciembre de 2023 en Tocoa para declarar el no a la minería en el caso Guapinol. Participaron las poblaciones tanto de la cabecera como de las comunidades directamente afectadas expresando su oposición decidida y firme más de 1000 personas de diferentes orígenes mestizos, garífunas, indígenas, criollos, negros… Fue un revés que el alcalde no esperaba y que le llevo a organizar una nueva y amañada consulta en junio 2024 con comunidades rurales directamente afectadas.

La dignidad de los pueblos y el bien común como reparación

La dignidad colectiva es un valor que pertenece a la cultura de los derechos humanos que irradia a pueblos y territorios. A esto se opone una concepción individualista que justifica el despojo por acumulación del capital. Este no se asocia con un interés colectivo sino con un interés individualizado. La acumulación de los ricos no se reparte.

Algunas lecciones de la experiencia colectiva en ambos casos de Guatemala y Honduras, nos hacen pensar en su contribución a la reparación.

Resistencias de larga duración. Lo que inicialmente parecía una ocupación de las carreteras en Guatemala por algunos días se convirtió en una ocupación de casi 50 días. Lo más simbólico fue la ocupación de dos meses del centro de la ciudad de Guatemala a las puertas del Ministerio Publico, demandando incesantemente por la población la remoción de los cargos de Fiscal General y de algunos funcionarios del Ministerio Publico.

En el caso de Honduras, persiste una memoria viva del campamento de resistencia de Guapinol en 2018. Durante un mes la población mantuvo el cierre de la ruta atlántica impidiendo el paso del tráfico, afectando el comercio y el transporte de los recursos minerales extraídos.

Defender los derechos conquistados. La defensa del sistema democrático y del derecho al voto como respeto ciudadano. No era un respaldo político al Movimiento Semilla que gano las elecciones. La reacción de la población guatemalteca fue un respaldo a evitar la manipulación del voto.

La reparación más creativa fue defender como Pueblos Indígenas (PPII) un sistema democrático donde la constitución política de la República los excluye como sujeto político colectivo. Se reparan los derechos colectivos porque pueblos indígenas y autoridades ancestrales rompieron el silencio histórico y se hicieron escuchar ocupando el protagonismo de la escena pública.

Transformaron la participación política de un Estado con visión paternalista y excluyente, en una apropiación del protagonismo histórico como sujeto postcolonial. Sin duda se ha producido un avance sustancial, entre la declaración de las autoridades Ancestrales que defendieron la primera sentencia de genocidio en 2013, antes de ser revertida por la Corte de Constitucionalidad, debido a las presiones del CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) y del presidente de entonces Álvaro Arzú.

Las autoridades de los Pueblos Indígenas (PPII) declararon entonces, este Estado no es nuestro porque no nos representa, pueden anular la sentencia, pero para nosotros como pueblo queda en firme porque recoge lo que vivimos y lo condena. Bella declaración de insumisión a un Estado en el que no se sienten representados. Y esto en términos de significado resulta una sublevación del orden social y político imperante. Lo que ahora ha ocurrido, pareciera un avance reparador en el protagonismo de los PPII que han ejercido su voz mediante la acción social, para defender las elecciones como ejercicio de los derechos inmanentes a una democracia.

Del empoderamiento rebelde y contra hegemónico del escenario actual fueron representativos los discursos de muchos líderes y lideresas que ocupaban el cargo electo de ser alcaldes y alcaldesas auxiliares en diferentes comunidades. Ellas y ellos defendieron con su palabra la legitimidad histórica de su rol social y de su poder comunitario.  Véase el discurso de la alcaldesa auxiliar de Santa Lucia Utatlán (https://youtu.be/3AaoU948GeM?si=shk1VtidYrRjT8dp ).

Dos recursos retóricos sobresalen. Cuestionar públicamente a las autoridades políticas legales y nacionales. Evidenciar públicamente sus contradicciones, corruptelas y privilegios. Tampoco dejaron de admitir que como pueblos y autoridades también sufrían la fragmentación social y la disidencia interna. Por todo ello su rebelión en aquellos días, ha tenido el poder de restaurar su dignidad colectiva como pueblos.

Seguramente, hacia el futuro, esta experiencia colectiva que nos dejó la lucha contra la corrupción como un bien común recuperado es una lección de vida y de legitimación que no tiene vuelta atrás.

Violencias estructurales que anidan sentimientos de venganza

El caso Guapinol expone la violencia estructural corporativa ejercida para aniquilar al opositor mediante una represión sistemática y diversificada de larga duración, con múltiples asesinatos de defensores ambientales y de derechos humanos (una estimación aproximada habla de más de 25 defensores asesinados desde 1992 a la fecha).

En el ultimo año 2023 al 2024 se asesinaron 4 defensores ambientales, el ultimo Juan López el 14 de septiembre, regidor municipal. Todas estas muertes han sido violentas, inesperadas y administradas en un goteo de baja intensidad pero sistemático a lo largo del tiempo.

La muerte de dos hermanos de uno de los dirigentes perseguidos demuestra un patrón muy cruel y desestructurador del tejido familiar, causando una especie de síndrome de la culpa del sobreviviente. El ataque a los hermanos refuerza esta culpa por las repercusiones en los familiares más indefensos.  No es casual, es un patrón muy perverso e intencional para que las repercusiones familiares disuadan el activismo de los líderes sociales.

El clima de amenazas a las familias de las y los defensores provoco el año 2023 más de 150 desplazamientos forzados. El objetivo era crear un clima de miedo y terror incesantes que paralice y desactive la lucha de oposición anti extractiva. La represión amplía su cobertura para que el círculo de terror abarque más núcleos del tejido social.

Con posterioridad al último defensor asesinado (14 septiembre 2024), se amplió la amenaza a las compañeras y compañeros defensores del Comité de Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, que han revivido la cólera de tanta muerte sin sentido como una amenaza directa que pudiera replicarse en todos y cada uno de ellos y ellas, a lo largo del tiempo y de múltiples maneras inesperadas pero inexorables. Así de cruel y despiadada es esta estrategia del lento goteo de muertes violentas.

Lo que ocurre en el tejido organizativo es que la decisión de no dejar impune cualquier resquicio de responsabilidad en sus autores, se incrementa en una dosis silenciosa de odio reactivo de largo plazo. La lucha no se desactiva porque significaría abandonar a los compañeros, como no se abandona nunca la búsqueda de los desaparecidos porque equivaldría a enterrarlos en vida, es decir, sin haber validado su muerte.

Son sentimientos íntimos vinculados a la crueldad de las perdidas arrebatadas y al daño pernicioso que significa para las victimas la impunidad imperante.

Persecución criminalizadora

El Caso Guapinol comparte con la lucha contra la corrupción en Guatemala otra estrategia desmovilizadora y es la persecución judicial que criminaliza a defensores y opositores, en manos de un sistema de justicia cooptado por la corrupción y el retorcimiento de la ley y la justicia. Lo dijo la Organización de Estados Americanos en su informe de la visita a Guatemala en septiembre 2024, el abuso del derecho penal mediante la prisión arbitraria y la tortura para distorsionar los casos se ha vuelto la norma.

Esta disrupción de la norma altera el sentido de la justicia como mecanismo y como valor humano. Ha ocurrido con la persecución judicial por la fiscalía regional de la Ceiba a los miembros del Comité de Bienes de Tocoa, incluyendo en el listado de los nuevos perseguidos al recién asesinado dirigente Juan López.

Criminalizar a los defensores ambientales judicializando su persecución política ha sido una estrategia usada que ha contado con la complicidad articulada de diversos poderes públicos y actores locales, que incluyen a algunos funcionarios judiciales de los Tribunales de la Ceiba y Fiscales del Ministerio Público de Tocoa. También del alcalde municipal en alianza con redes del crimen organizado que en determinados momentos pueden asumir su rol coyuntural de sicariato por encargo.  En la sombra, están los poderes empresariales y corporativos transnacionales que maniobran a su antojo a los poderes locales comprados.

La  impunidad derivada de la judicialización de la política que criminaliza a los activistas y operadores resulta en una red muy bien tejida e interconectada con grupos de poder que usan todo tipo de recursos y de mecanismos de ataque y disuasión. El miedo, el terror, la criminalización y la aniquilación se alternan dibujando realidades complejas basadas en alianzas, apariencias, mentiras y complicidades que hacen casi imposible su desmantelamiento. La lucha contra estas redes de impunidad implica para los y las afectadas altos niveles de creatividad, resistencia e inteligencia estratégica capaz de anticipaciones y golpes sorprendentes, con efectos de larga duración Devolver la legalidad a un uso razonable y ético parece ser el desafío.

La capacidad humana de resistencia y sublevación de la población afectada se ve asediada por una permanente amenaza y desgaste, que por momentos desestructura los ánimos y debilita las fuerzas y los esfuerzos que requiere la lucha social. Para levantarse después nuevamente al calor de batallas significativas y esperanzadoras que se van ganando por la justicia de sus objetivos.

Desafíos psicosociales de trasfondo ético

A modo de reflexiones finales, algunos desafíos de impacto psicosocial reparador con una mirada estratégica y de larga duración.

La dignidad colectiva restaurada ha servido como una herramienta que fortaleció la  lucha social y  permitió el tránsito del silenciamiento y la exclusión social de los Pueblos Indígenas y de sus autoridades ancestrales, a su rol activo como sujeto histórico apropiado del protagonismo público.

Hemos visto en esta lucha popular contra la corrupción, numerosos ejemplos de discursos y prácticas de empoderamiento y de relegitimación del rol y poder comunitario de las Autoridades Ancestrales. Sus voces como actores sociales reclamaron sus derechos históricos. No siendo voces homogéneas convergieron en la denuncia social de un estado de cosas que se volvió intolerable y produjo hartazgo social. Lo que expuso la capacidad de rebelión y dignidad colectiva de los Pueblos Indígenas.

Lo común entre los dos casos presentados es que la corrupción implica muertes como impacto y funciona como instrumento. Por ello se aniquila cuando es necesario desmovilizar y se exoneran las responsabilidades para perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo. A esta distorsión se presta la judicialización de la política como estrategia de criminalización de los opositores y activistas.  Primero se construye un nuevo enemigo para ser perseguido y cuando escapa con vida e inocencia demostrada, resulta victimizado violentamente.
Silenciosamente muchas personas nos preguntamos ¿para qué sirve una justicia que es injusta?, una justicia que no castiga al agresor sino que lo recompensa premiando su arbitrariedad. ¿Cómo creer en un sistema de valores y supuestos que nos deja inermes y expuestos? Es un planteamiento reactivo cuando la conciencia humana es vapuleada porque se conmocionan los cimientos de las normas que rigen la convivencia humana.

Fox en 1997, se atrevió a cuestionar la legitimidad de la ley y la justicia cuando la arbitrariedad se imponía como norma. La misma ex-Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, ha cuestionado a propósito de la elección a nuevas Cortes, que el sistema de justicia está erosionado por la arbitrariedad de procedimientos que lo deslegitiman. La trampa viene estructurada desde adentro, por eso es inevitable una reforma de sus cimientos.

Perder la vida por denunciar el saqueo y el expolio es un castigo pensado como impacto de largo plazo. Pero la paradoja en el comportamiento humano es que el miedo social queda instalado más no desactiva la lucha, que se reestructura por ciclos adaptándose a la adversidad. La lucha social al igual que la búsqueda contiene una deuda moral hacia las otras personas que defendieron sus ideas pagando el precio con sus vidas.

Benevolencia humana a juicio y crueldad estructural en el horizonte

Cada vez entendemos mejor cómo funcionan los sistemas de poder que son capaces de transformar la bondad e ingenuidad humanas en crueldad. En el efecto lucifer, Zimbardo (2007) hace una revisión ética desde la psicología social que puede explicar la conducta deshumanizante de infligir dolor extremo a un semejante.

Sabemos que un canasto de manzanas podridas puede degradar la conducta humana de personas buenas que ejercen terror sobre los y las otras personas que consideran inferiores, deshumanizando, despersonalizando y creando nuevos enemigos que ejercerán hasta extremos insospechados la violencia de la ignominia y la humillación. Lo que las invasiones, los conflictos y las guerras exponen continuamente.

El desgarro de la sociedad palestina y la deshumanización de la violencia criminal ejercida a su niñez y juventud es un genocidio que los Pueblos no pueden perdonar, porque se enquista como dolor perpetuo en su memoria colectiva. Las guerras no las deciden los Pueblos, pero si las padecen.

Este paradigma desolador se ve contrastado por una corriente de pensamiento entre algunos autores e intelectuales que tiende a justificar las guerras como efecto de su naturalización como fenómeno humano. La pulsión agresiva del ser humano explicaría esta tendencia.

La guerra como la represión no es un fenómeno humano, es un fenómeno político sistémico de escalada de la violencia. No es causado por el instinto de agresividad humana. Fromm distinguió entre agresividad humana y violencia. La violencia implica destrucción intencional y responde a intereses estructurales de los sistemas. Esto se esclarece en los informes de las comisiones de verdad, que se han realizado en muchos países que transitaron del conflicto a la paz.

Pero además creo que esta confusión es muy apropiada para un sentimiento creciente de nihilismo existencialista postmoderno, que se está apoderando del pensamiento generalizado de inevitabilidad de una tercera guerra mundial. Este sentimiento convertido en corriente de opinión puede ser muy conveniente para normalizar la guerra, hoy declarada en oriente medio y cuyos acontecimientos observamos sin mayor peligro como una ficción televisada, que nos insensibiliza frente al horror, porque su lejanía a través de la imagen nos aleja del peligro

Otro desafío ético y psicosocial que apuntala este estado de cosas es la erosión des articuladora del individualismo en el tejido social. No somos ajenos al impacto de nuevos valores que devalúan el pensamiento crítico como un fenómeno desfasado, a la vez que nos aplastan la capacidad de pensar mediante el aplanamiento de las ideas.

Nuevas subjetividades humanas se están construyendo por el impacto de la inmediatez de la experiencia que se nutre de ansiedad social, donde la insatisfacción ansiosa y compulsiva exige responder con celeridad y voracidad competitiva. Sin tiempo para pensar y conversar se agudiza el aislamiento social. Oponerse a la guerra siempre merece el debate porque lo que entra en juego son opciones de vida y de gobierno, de relaciones colectivas y de defensa del bien común, de esperanza y de futuro para la humanidad.

Los y las jóvenes son hoy atrapados por la fascinación narcisista que ejerce la pantalla capturada por la imagen propia. Einstein predijo hace 70 años que si la tecnología sobrepasaba nuestra capacidad de entendimiento humano estaríamos auspiciando una generación de idiotas.

La estulticia humana es hoy el mejor destino de la banalidad y la frivolización. Dejar de pensar es abonar a esta realidad de abandono al sometimiento y a nuevas formas de esclavitud. Celebro mucho por ello, cuando encuentro grupos de jóvenes, que dominando la tecnología informática, son capaces de prescindir de ella y convertirlo en causa colectiva que irradia influencia creciente.

Al paradigma de la guerra total (como reflexiona la Filósofa Ángela Sierra) como experimento de aniquilación y desaparición social de la humanidad, opongamos la solidaridad como rescate de la rearticulación humana y el pensamiento crítico como reconstrucción de la vida y de los derechos individuales y colectivos que nos permitan el consenso de nuevas formas de convivencia social. Restauremos la justicia como valor de defensa de la vida y defendamos el bien común colectivo frente al despojo postcolonial de los recursos naturales.

El defensor del Caso Guapinol recientemente asesinado en Tocoa,  Juan López, me decía en diciembre del 2023.”No estamos solos para hacer frente a la destrucción ambiental, es una lucha común que nos une entre los pueblos”. Comparto esta idea de que la lucha social es un bien común para la defensa de los pueblos.

La defensora Adylia Castro, del Comité de Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa[1], me compartía “continuaremos la lucha hasta no dejar recoveco de impunidad sin arañar, evidenciar y denunciar, para que la muerte de Juan López no quede impune”.

Desde la cultura de los derechos humanos, las victimas de atrocidades demuestran que el dolor, la rabia y la impotencia vividos en situaciones límites pueden desatar en los seres humanos tanto lo mejor como lo peor de sí mismos. La experiencia me ha enseñado que cada dolor es distinto pero nunca superior a otros y hacer frente al dolor intenso tiende a mostrar lo mejor de lo que somos capaces.

Tal vez sea porque la maldad vivida en situaciones límite exige restaurar la benevolencia humana para recuperar la ilusión y las ganas de vivir. Esta lección ética es un aprendizaje de esperanza y de confianza en la genuina benevolencia de la condición humana.

Por eso me resisto a entender la violencia como un fenómeno humano, cuando es un instrumento político y social de los sistemas de poder que aplasta a las personas y a las colectividades. Es una construcción de la que podemos ser o no ser responsables, por complicidad, por omisión o por definición. Y eso sí lo decidimos.

Concluyo apelando a la esperanza, no moralista, sino la que restaura la ilusión humana como un Bien Común y colectivo, sin la cual no habría lucha por hacer ni fuerzas que nos devuelvan el entusiasmo de vivir.

A la guerra total opongamos lo mejor de nosotros mismos, la lucha contra la humillación y la violencia con una mirada estratégica y de largo alcance. Aprendamos de Otras y Otros confiando en la capacidad de resistencia y recuperación de la experiencia humana, antes de que nos la roben para siempre y sin remedio.

10/12/2024

María Luisa Cabrera Pérez Armiñan

Psicóloga social (PhD).

mluisacabrera@gmail.com

[1] El Comité acaba de recibir el Premio Europeo de Derechos Humanos, el 6 de diciembre 2024

Fuente : vientosur.info