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El financista Gustavo Pedro Shanahan fue procesado por cambiarle al narco Rodríguez Granthon pesos por dólares para el reaprovisionamiento de cocaína

Un juicio federal que liga la venta de drogas en los barrios populares con los ilícitos financieros en el centro de Rosario llega a sentencia. El narco Rodríguez Granhton junto al contador Shanahan, en el mismo banquillo.

El juicio oral en el que están acusados por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización el piloto civil peruano Julios Rodríguez Granthon –quien ya posee dos condenas por hechos similares– y el financista y ex titular de Terminal Puerto Rosario (TPR), Gustavo Pedro Shanahan, procesado por cambiarle pesos por dólares para el reaprovisionamiento de cocaína, entró en su tramo final y podría convertirse, en caso de que el tribunal dictara condenas, en uno de los primeros casos que ponga en escena las dos caras del fenómeno: la distribución de drogas y la violencia en los barrios populares, y el movimiento de dinero de origen ilícito en las “cuevas” del centro, territorio casi libre de asesinatos en la ciudad con la tasa de homicidios cada 100 mil personas más alta del país.

“Seguimos la ruta del dinero, y eso es una novedad”, dijo el fiscal federal Federico Reynares Solari durante su alegato final del juicio oral, el miércoles 6 de diciembre. Lo novedoso es que la Justicia Federal ahonde más allá de los vendedores barriales del narcomenudeo.

“Generalmente las actividades de narcotráfico suceden más allá de los bulevares, que son las que se traen a juzgamiento”, dijo Reynares Solari, para destacar que en esta ocasión, la dinámica de la investigación llevó de Villa Banana a una “cueva” financiera ubicada en calle España al 800.

Además de Rodríguez Granthon y Shanahan, están acusados en el juicio Facundo Pérez, alias “Jirafa”, que era el nexo entre el “Peruano”, que está preso en una cárcel federal, y el resto de la banda que operaba extramuros, según la Fiscalía. 

En un escalón intermedio de la organización se encontraban Bruno Iván Ayala y Ariana Gómez (también aprehendidos con Pérez en julio de este año), Alexis Manzo (que firmó un juicio abreviado en el que fue condenado), Alfonso Sciortino, Gustavo Báez Aguilar y Richard Galeano Vázquez.

Pero además, en los eslabones necesarios del aspecto financiero de la organización narcocriminal, se encontraban Shanahan, Marcos Julián Díaz (que está prófugo) y Juan Román González, “quienes inyectaban los dólares necesarios para la adquisición de material estupefaciente”.

El origen

La investigación la inició en abril de 2021 la delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA) a partir del testimonio de una persona que denunció que “estarían realizando maniobras de venta de estupefacientes en un domicilio de calle Valparaíso al 2700 de esta ciudad (barrio Villa Banana). Allí residirían Facundo Pérez y Ubaldo Pérez, quienes serían «encargados» de reponer varios puntos de venta en Villa Banana, asimismo que, ambos se encontrarían dirigidos por una persona de nacionalidad peruana que movía «kilos de droga»”.

La policía inició entonces seguimientos, toma de fotografías y de videos, lo que derivó en el descubrimiento de una “cocina” de drogas, donde se estiraba y fraccionaban los estupefacientes, ubicada en calle Espinoza al 6200.

Pero también advirtieron los investigadores lo que el fiscal denominó en el alegato “el trasiego de bolsos” desde los puntos de comercialización hacia un domicilio de Ovidio Lagos al 400 y a otro de España y Rioja.

En el primero operaba Marcos Díaz, que está prófugo, y en el segundo están las oficinas de Shanahan, un reconocido hombre del mundo de las finanzas local que fue presidente de TPR, la empresa concesionaria de los muelles públicos del puerto rosarino, de acuerdo a la investigación.

Por medio de escuchas telefónicas, apareció en la investigación un viejo conocido de los Tribunales Federales: Julio Andrés Rodríguez Granhton, el “Peruano”.

Se trata de un hombre de 30 años nacido en Bella Vista, al norte del país andino, que tiene un pasado como piloto civil. Se radicó con su familia en Argentina y en 2015 fue noticia cuando lo detuvieron con tres kilos de cocaína.

Rodríguez Granthon fue condenado en dos juicios federales por tráfico de estupefacientes en mediana escala: la causa en la que lo arrestaron con tres kilos de cocaína en su automóvil y dos años después la Policía le secuestró a su banda un cargamento de 15 kilos de la misma droga. La condena unificada por ambos casos es de 15 años. Ahora, el fiscal Reynares solicitó al Tribunal Oral Federal Nº3 de Rosario una pena unificada de 23 años.

Trasladado al Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza, como ocurrió con otros presos de “alto perfil” de Rosario –como el jefe de “Los Monos” Ariel “Guille” Cantero–, Rodríguez Granthon montó desde allí una organización criminal que gestiona por teléfono, según detalló a mediados de año el fiscal provincial Franco Carbone, quien lo imputó como organizador de una asociación ilícita, en la que también fueron acusados su padre, Francisco Rodríguez, y su pareja, Lucila Ayelén Rioja.

En las escuchas de la causa federal que está en juicio, Rodríguez Granthon habla con “Jirafa” Pérez, y utilizan códigos para referirse a lo que la Fiscalía considera el comercio de estupefacientes, como “Sprite”, “Coca” y “Manaos”.

“Sin embargo, más allá de las similitudes con otras investigaciones que se dieron en la jurisdicción federal rosarina, por las cuales fue condenado ante los Tribunales Orales 3 y 2 de esta ciudad a 15 años de prisión, particularmente en esta oportunidad, pudo verse claramente expuesto el rol esencial que cumplen las «cuevas» financieras ilegales dentro del comercio de estupefacientes”, sostuvo Reynares Solari.

Cavernas

Hay un elemento que distingue a este juicio de otras causas en las que se vieron involucrados “financistas” de la city rosarina, como la de la financiera Cofyrco de un miembro de la familia Carey, cuya actividad ilícita surgió a partir del asesinato de un narco que había cambiado dólares ilegales allí el día de su muerte. O la de “intermediación financiera no autorizada” que investigó el fiscal federal Walter Rodríguez también a partir de un crimen, el del financista santafesino Hugo Oldani, en cuyas oficinas la Policía halló millones de pesos y dólares aparentemente no declarados. En este juicio que se acerca a la sentencia, lo distintivo es que Reynares Solari no acusó a Shanahan por el delito de intermediación financiera no autorizada, sino por el de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, al entender que su aporte fue esencial para la comisión del crimen.

“Las bandas que compran material estupefaciente no pueden ir con una tarjeta a comprar cocaína, necesitan dólares”, sostuvo el fiscal en el alegato, para señalar que “la cocaína es un commodity, y los dólares son fundamentales para el giro comercial”.

“Alguien advertido como Shanahan sabe eso”, dijo Reynares Solari sobre el financista, en cuyas oficinas se secuestraron $30 millones en octubre de 2021.

Una parte de ese dinero en efectivo estaba en un bolso que resultó conocido para los investigadores: es el mismo –o uno muy parecido– al que tenía en sus manos Marcos Díaz un día que la PFA lo fotografió al ingresar a la cueva de Shanahan en España al 800.

Otra fotografía del expediente judicial muestra el bolso, de nuevo en manos del prófugo Díaz, pero esta vez acompañado por Alexis Manzo, quien firmó un juicio abreviado con una condena a 6 años de prisión como coautor de comercio de estupefacientes organizado y que se relacionaba de manera directa con el material estupefaciente, siendo uno de los “cadetes” de Rodríguez Granthon y Facundo Pérez, de acuerdo a la Fiscalía.

“Queda absolutamente claro que Shanahan dirigía una cueva, no hay interrogantes sobre eso. Desde el aspecto objetivo comete una intermediación financiera no autorizada”, sostuvo Reynares Solari durante el alegato.

Y agregó que “el aspecto subjetivo me permite determinar que el dinero que circulaba por sus oficinas provenía de una actividad narcocriminal”, algo que el financista no podía desconocer.

Para el fiscal, “toda la ganancia que se generaba en Villa Banana era viabilizada a la «cueva» de calle España”.

Con esos elementos, Reynares pidió al tribunal integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Mario Gambacorta, la pena unificada de 23 años de cárcel para Rodríguez Granthon, quien paralelamente está siendo juzgado en la Justicia provincial como supuesto partícipe necesario del asesinato de Eduardo Trasante, exconcejal de Ciudad Futura y padre de una de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno.

Reynares también pidió al tribunal la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo para el contador Shanahan, de 67 años.

A la vez, solicitó una sanción de 6 años para los imputados Alfonzo Sebastián Sciortino y Gustavo Báez Aguilar por tráfico de estupefacientes, y de 3 años y 6 meses de prisión para Juan Román González, por el mismo delito pero en calidad de partícipe.

Tranqui

Entre las pruebas que produjo la Fiscalía durante el debate oral ante el TOF Nº3, Reynares destacó unos mensajes encontrados a partir de las pericias a teléfonos secuestrados en el domicilio particular del financista Shanahan.

Los mensajes de WhatsApp buscan llevarle tranquilidad al investigado, y hablan sobre la causa por lavado de Cofyrco, la financiera investigada en la Justicia provincial.

“Para que te quedes tranquilo”, dice uno fechado el 2 de noviembre de 2020, es decir un año antes del allanamiento a la financiera de Shanahan.

“Mandaron todo lo de Cofyrco a Delitos Económicos”, sigue, en referencia a la unidad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investiga ese hecho, similar a este, ya que se trata de pesos provenientes del narcotráfico que son cambiados por dólares en las «cuevas», para poder volver a comprar estupefacientes, que se comercian con divisas.

Siguen los mensajes: “Desvincularon todo contra la falopa. De escuchas y eso no hay nada”, dice el interlocutor de Shanahan, que puede conjeturarse que estaba inquieto por la causa Cofyrco. “Así que tranqui”, dice por último el interlocutor en el último mensaje de los expuestos durante el juicio.

Once meses después la tranquilidad cedería a la tensión, cuando la PFA allanó la “cueva” de Shanahan y secuestró más de $30 millones en fajos y guardados en bolsos, a raíz de un hecho de violencia contra un policía de la investigación que aceleró la marcha de la causa.

El TOF Nº3 estima que antes de fin de año dará a conocer la sentencia del juicio, una vez concluidos los alegatos de las defensas y resueltos los últimos pasos procesales. Allí se sabrá si el planteo de la Fiscalía es sólido en pruebas, y si por primera vez queda probado judicialmente lo que es públicamente conocido.

Fuente : redaccionrosario.com